jueves, 14 de septiembre de 2017

LA CENTRALIZACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA: ¿FRUTO DE LA AUTONOMÍA COLECTIVA O IMPOSICIÓN DEL ESTADO?

Una breve reflexión acerca de la libertad sindical y el sindicalismo unitario[1].

Por José Armando Caro Figueroa
Caro Figueroa Abogados

Buenos Aires 7 y 8 de septiembre de 2017

Señor presidente, distinguidos colegas:
Antes de entrar en materia, quiero agradecer a los directivos de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo la invitación a participar en este Congreso nacional, que se celebra en conmemoración de los 60 años de vida de una institución académica de tan alto prestigio. 
Una invitación que me honra, y que permite este rencuentro con amigos y colegas, tras casi una década de apacible retiro en Las Yungas de Vaqueros en la Provincia de Salta. 
He de advertir, sin embargo, que mi semanal paso por los tribunales de trabajo de Salta como abogado laboralista, quiebra de algún modo ese retiro y me depara sorpresas jurídicas y judiciales, insospechadas en otras latitudes. 
Déjenme ustedes recordar, además, que fue entre aquellas montañas donde encontré la oportunidad y las fuerzas para estudiar exhaustivamente la huelga y el derecho de huelga y escribir los dos tomos , que tuvo a bien prologar el doctor Adrián O. GOLDÍN, y que integran el Tratado de Relaciones Colectivas de Trabajo que dirigió el profesor Raúl ALTAMIRA GIGENA.
Estas referencias de lugar y de actividad (casi biográficas), tienen un sentido: Remarcar el ámbito desde donde miro la realidad contemporánea, sabiendo que esto ayuda a comprender ciertos puntos de vista. O sea: que no es lo mismo mirar las relaciones laborales en la Argentina desde Europa que hacerlo desde Buenos Aires o desde Salta. Al menos es mi experiencia.

I.- INTRODUCCIÓN

Es sabido que el Derecho del Trabajo -como más tarde las instituciones del Estado de Bienestar- surgieron para atender aspiraciones de justicia y libertad. 
También, para atenuar los rigores del trabajo en situación de dependencia y, si acaso, introducir factores de legitimación al modo capitalista de producción, encauzando y arbitrando los conflictos de intereses que le son propios.
A estos orígenes históricos e intelectuales habría, quizá, que atribuir la generalizada convicción de que las reglas del Derecho del Trabajo (me refiero tanto a aquellas de origen estatal y supranacional como a las que son fruto de la autonomía colectiva) tienen por finalidad y efecto distribuir la riqueza en el seno de una determinada demarcación territorial, y limitar el poder de dirección dentro de fábricas y sectores de producción.
Esta difundida convicción suele acotar, de varias maneras, las reflexiones y los debates alrededor del Derecho del Trabajo que se piensa, entonces, como una institución o un conjunto normativo casi excluyentemente jurídico o -cuando se razona con una mayor amplitud-, ceñido al campo de la Política del Derecho.
Soy de los que piensan que muchas de las críticas que se dirigen a la litigiosidad laboral y a su volumen , y buena parte de los debates acerca del muy famoso binomio rigidez/flexibilidad laboral, encierran u ocultan conflictos de intereses descarnadamente económicos. 
Pero, muy probablemente, muchos de los defensores de las posiciones que hoy protagonizan los enfrentamientos dialécticos y políticos sobre las regulaciones laborales y su reforma, ignoran o subalternizan factores y consecuencias sociales, generacionales, familiares y humanas que exceden los estrechos campos de las pujas por el poder y la riqueza. 
Con la singularidad de que tales críticas y debates tienden a presentarse de manera recurrente como novedades de época; o, lo que es lo mismo, ignorando los antecedentes históricos que tanto enriquecen cualquier análisis sociolaboral que se proponga romper aquellos anacrónicos límites -nacionales o académicos- que aíslan a ciertas formulaciones del Derecho del Trabajo.
Resultaría, a mi modo de ver, empobrecedor un análisis de las reformas laborales socialmente concertadas que ignorara, por ejemplo, los valiosos antecedentes del Congreso Nacional de la Productividad y el Bienestar Social celebrado en 1954, bajo inspiración del primer peronismo . 
O un estudio sobre las leyes del trabajo aislado del contexto jurídico, económico y cultural global. 
Sobre todo, si se tienen en cuenta, de un lado, la centralidad del Principio de Libertad Sindical, sobre el que han teorizado, entre otros, los profesores Adrián GOLDIN  y Héctor Omar GARCIA ; y, de otro, la no tan reciente supremacía teórica y normativa del Derecho Constitucional del Trabajo que día a día construye y reconstruye el bloque constitucional federal y cosmopolita. Una supremacía a la que tan meritorios esfuerzos ha dedicado el profesor Jorge RODRIGUEZ MANCINI .
Resultaría igualmente empobrecedor estudiar, en la Argentina, la descentralización de las relaciones colectivas de trabajo y de las normas jurídicas que la niegan o promueven, sin una mirada atenta al histórico proceso de industrialización de la provincia de Córdoba, que nace con la fábrica militar de aviones, en los años de 1930, y culmina, de alguna manera, con el “cordobazo” de 1969.
En los párrafos que siguen a esta introducción habré de volver sobre estos enunciados, para formular una crítica razonada a nuestro vigente régimen de negociación colectiva, tendencialmente unitario. 
Anticipo también que dedicaré la penúltima parte de mi exposición a alertar sobre determinados efectos sociales de las reglas del Derecho del Trabajo; sobre todo a aquellas consecuencias que inciden sobre la vida familiar y no laboral de las personas. 
En los minutos finales comentaré brevemente el documental “La teoría sueca del amor” que en 2015 dirigió Erik GANDINI.
Estas dos últimas partes están pensadas como un intento de contribuir a que los “ingenieros del Derecho del Trabajo” realicen sus cruciales propuestas y desarrollos del modo más abarcativo, ponderado y exitoso posible.
  
II. LIBERTAD SINDICAL Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA

En nuestros ambientes académicos existe, ahora, un cierto consenso en el sentido de que el así llamado modelo sindical argentino  y la vigente ley de 1988 (fruto de un pacto entre el gobierno radical y el sindicalismo peronista moderado), que vino a reforzarlo, contienen reglas que son contrarias al derecho fundamental a la Libertad Sindical, tal y como ha sido formulado por las normas internacionales aplicables en la Argentina e incluso por nuestro constituyente de 1957.
Este consenso se ha visto reflejado y promovido por varias sentencias relevantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, centradas en el momento puramente asociativo de los sindicatos argentinos; sentencias que han venido a renovar ideas y a facilitar a los trabajadores el ejercicio de algunos derechos sindicales de representación y actuación hasta entonces negados por el corsé que para muchos de ellos representó y representa el instituto de la personería gremial.
Sin embargo, ni aquel consenso ni estas sentencias han logrado alterar los tres cepos que restringen grandemente la Libertad Sindical en la Argentina. 
El primero de ellos es el conformado por las reglas estatales y autónomas (estas últimas arraigadas por el pacto no escrito que vincula a los vértices de los principales agentes sociales) que organizan nuestra negociación colectiva. Me refiero a las reglas que monopolizan este derecho en cabeza de los sindicatos con personería gremial y de las organizaciones patronales tradicionales.
Reconocer derechos emanados del principio de Libertad Sindical y, simultáneamente, mantener bajo monopolio a la negociación colectiva es, de alguna manera, aceptar la ficción de sindicatos aparentemente libres, pero en realidad privados del derecho a negociar colectivamente; privación que, en los hechos, alcanza incluso a los casi inéditos convenios de eficacia limitada, también conocidos entre nosotros bajo el nombre de convenios irregulares.
Si dejamos de lado usos ambiguos del lenguaje, sindicatos sin derecho a negociar colectivamente, de una u otra manera, las condiciones de trabajo o a los que se restringe su derecho de huelga, son casi cofradías o ramas politizadas antes que verdaderos sindicatos. 
Sobre la necesidad científica de considerar a la negociación colectiva un derecho fundamental que integra el Principio de Libertad Sindical ha razonado recientemente (en mi opinión, de modo exhaustivo y convincente) el profesor Luis RAMIREZ BOSCO .
El segundo cepo tiene que ver con los estrechos lazos que vinculan al Sistema de Obras Sociales Sindicales (encargado de prestaciones de salud y ocio) con nuestras organizaciones obreras. Lazos que, si bien son promocionales en favor de los sindicatos con personería gremial, terminan asfixiando a los sindicatos simplemente inscriptos. 
Estos vínculos, por encima de apelaciones retóricas o enunciados seráficos, no hacen sino reforzar el monopolio de representación colectiva que detentan las asociaciones que, actuando en el ámbito de la autonomía colectiva, acceden a aquel reconocimiento por parte del Estado.
En realidad, avanzar -en un terreno pantanoso como éste- hacia la plena vigencia del Principio de Libertad Sindical, implicaría tanto como colocar la gestión de las Obras Sociales Sindicales en manos de entes surgidos del voto libre y directo de todos los afiliados con independencia de sus vínculos con una u otra de las dos modalidades argentinas de sindicato.
Pero, más allá de esta opinión muy personal, lo que pretendo aquí es apuntar la necesidad de que las reflexiones sobre la Libertad Sindical incorporen el análisis de los efectos que sobre su vigencia efectiva tiene el Sistema de Obras Sociales Sindicales tal y como quedó configurado en la Argentina desde los lejanos y oscuros tiempos de 1970.
El tercer cepo deriva, como intentaré explicar ahora, de la construcción de un régimen laboral y sindical unitario, y de la correlativa abolición del federalismo. 

III. LIBERTAD SINDICAL Y FEDERALISMO

Cuando, armado de un bagaje teórico más articulado y ya entrado el siglo XXI, comencé a estudiar el funcionamiento efectivo del peculiar Sistema Salteño de Relaciones de Trabajo, fui advirtiendo los efectos (generalmente negativos) del régimen sindical unitario, impuesto -una vez más- por la Nación, a través de una sofisticada combinación de normas estatales y de intereses y símbolos compartidos entre los vértices sindicales y patronales.
Ese régimen unitario está constituido por la abrumadora preferencia de los sindicatos con personería gremial por la forma “unión” en detrimento de la forma “federación”. Pero también por la lenta pérdida de autonomía de los sindicatos locales federados, a consecuencia del peso determinante de las organizaciones obreras que actúan en la así llamada “zona núcleo”, y de la pulsión unitaria que emana del régimen de obras sociales.
Como consecuencia de ambos factores, muchos de los sindicatos del Norte argentino han devenido menguadas sucursales de los vértices que mandan desde esta poderosa Ciudad Autónoma. 
Pero el régimen sindical unitario tiene orígenes muy precisos y provoca consecuencias generalmente queridas por sus antiguos diseñadores.
Pienso que ese unitarismo se creó alrededor de una estructura productiva con eje en la “zona núcleo” o “cinturón industrial pampeano”. Un poco para reflejar la realidad industrial de los años de 1940/1950 , y otro poco para promoverla y concentrar allí cualquier futura expansión.
La fortísima migración desde Norte hacia la Pampa (que hoy suscita el “tira y afloje” sobre el Fondo del Conurbano Bonaerense) fue una consecuencia probablemente buscada por los estrategas de la industrialización autárquica de la Argentina, y luego preservada por los vértices sindicales y patronales.
Es bueno recordar que el régimen sindical unitario sufrió, en los años de 1960, duros embates democratizadores y federalistas, como lo ha explicado de manera brillante y exhaustiva James BRENNAN en su obra “El Cordobazo” (2015) . 
Primero, cuando el gobierno radical del doctor ILLIA introdujo reformas parciales a la legislación del trabajo de matriz peronista, pretendiendo instalar cierto pluralismo, y aventurándose en las “quitas zonales” y en el reconocimiento de personería gremial a sindicatos de fábrica de las terminales automotrices. 
Y más tarde cuando las izquierdas -ante el estupor del sindicalismo peronista tradicional- lograron controlar el movimiento obrero disidente con base en Córdoba.
Sabido es que este múltiple experimento que, en paralelo a la descentralización industrial, se propuso promover la federalización del movimiento obrero y de las relaciones laborales, concluyó de un modo traumático hacia mediados de los años de 1970.   
Pero lo que me interesa resaltar ahora es la eficacia de la legislación referida a las relaciones colectivas de trabajo sobre la estructura industrial del país. Mientras en una primera etapa preservó las prerrogativas de la “zona núcleo”, más adelante acompañó los fugaces intentos de descentralización, para terminar retornando a los objetivos unitarios iniciales.
Permítanme señalar que el cuasi desierto industrial que es hoy el Norte argentino, es el resultado de medidas promocionales (fiscalidad, crédito e infraestructura) tanto como del régimen sindical unitario al que vengo refiriéndome. adoptados ambos por los Gobiernos de la Nación para favorecer a la “zona núcleo”. 
Dicho de otro modo: La legislación del trabajo defiende a muchos trabajadores del interior empobrecido bajo una condición prioritaria: Que emigren al conurbano bonaerense.
A estas alturas, pienso que está llegando el momento de preguntarse si el tantas veces aquí aludido régimen sindical unitario (resultado de la confluencia de la voluntad estatal y de la voluntad de los vértices sindicales y patronales) es compatible con el Principio de Libertad Sindical y con el federalismo proclamado por nuestra Constitución Nacional.
Adelanto mi opinión que considera inconstitucional al régimen sindical unitario en tanto y en cuanto está modelado por estructuras reconocidas -muchas veces en illo témpore- por el propio Estado, y se articula a través de organizaciones a las cuales el mismo Estado ha rodeado de prerrogativas excluyentes.

IV. NEGOCIACION COLECTIVA Y FEDERALISMO

Como vengo señalando, el modelo argentino de negociación colectiva impuesto por la Ley respectiva está altamente centralizado y resulta, en mi opinión, contrario al Principio de Libertad Sindical. Mientras que la centralización deriva de la paralela estructura de los sindicatos y de las cámaras empresarias, la colisión con la Libertad Sindical se produce a raíz del monopolio otorgado a quienes gozan de personería gremial y se refuerza con las prácticas que conducen al unitarismo sindical y patronal.
Se trata, pues, de un centralismo convalidado por decisiones consuetudinarias adoptadas por los principales actores del régimen sindical unitario (que en buena medida está replicado en la estructura organizativa de nuestra patronal).
Señalo, por poner un ejemplo significativo, que en Salta se negocian periódicamente sólo dos o tres convenios colectivos de trabajo (en los sectores del azúcar y de la minería), con la curiosidad de que tales negociaciones se desarrollan en esta ciudad autónoma de Buenos Aires.  Las características y magnitudes del régimen unitario de negociación colectiva pueden verse en los varios y sobresalientes trabajos que el doctor Carlos ALDAO ZAPIOLA  ha dedicado al tema, y que han puesto de manifiesto la preeminencia cuantitativa (medida en cantidad de trabajadores cubiertos) de los convenios colectivos de ámbito nacional. 
Este sesgo unitario se ve con mayor claridad cuando se toma en cuenta la localización de las organizaciones productivas que pactan convenios de empresa o establecimiento (una modalidad en interrumpido auge desde los años de 1990). Dicho en otros términos: la tendencia descentralizadora que traduce el aumento de los convenios regionales y de empresa, solo se verifica en el centro del país.
A su vez, las “ventanas” abiertas por la legislación noventista para favorecer la descentralización, no han sido utilizadas de manera significativa. 

V.- CONSECUENCIAS SOCIALES DEL MODELO DE PRODUCCIÓN Y RELACIONES LABORALES

He señalado antes que, como muchos piensan, las normas orientadas a regular el trabajo asalariado en sus aspectos individuales y colectivos inciden en el reparto de la riqueza y en la distribución de los poderes sociales. 
Es igualmente evidente que los diseños de los Sistemas de Relaciones Laborales adoptados por cada país resultan influidos o condicionados por los respectivos modelos de producción (me refiero al capitalismo en sus diversas versiones y matices), tanto como por situaciones económicas coyunturales o internacionales y por las nuevas tecnologías . 
Un ejemplo tomado de la “ingeniería laboralista” puede ilustrar esta idea: Una cosa es diseñar o reformar un Sistema nacional de Relaciones Laborales en el marco de una economía de mercado, cerrada, con libertad cambiaria e inflación, y otra muy distinta es hacerlo dentro de una economía abierta, con paridad monetaria fija y precios estables. Por no citar sino algunos de los factores económicos que los expertos en Políticas Laborales han de tomar en consideración.
Estos vínculos condicionantes impregnan la tarea de esos “ingenieros laboralistas”, vale decir, de los expertos sociales (no solo juristas) encargados de diseñar, reparar, hacer funcionar y modernizar los sistemas de relaciones del trabajo.
Pero lo que quiero poner aquí de manifiesto es algo quizá menos conocido. Me refiero a las consecuencias sociales o extralaborales que acarrean las regulaciones del trabajo asalariado. 
Y no me refiero sólo a las derivaciones que se traducen en empleo, desempleo, pobreza, decencia, indecencia o regularidad del trabajo; tampoco a las consecuencias puramente económicas de las regulaciones sobre el costo laboral unitario. Me refiero a los efectos que esas regulaciones producen, a mediano plazo, en las relaciones de familia y en el desarrollo de las personas. 
Por supuesto no es este el momento de profundizar en este, para mí, apasionante asunto. 
Por lo tanto, me limitaré a señalar que la decisión que adoptaron varios países en los años de 1990 (la Argentina entre ellos) de fragmentar el mercado de trabajo en dos segmentos -uno tutelado según los criterios tradicionales y otro reservado a jóvenes y mujeres que dispondrían de menores derechos laborales-, se tradujo, en los países más desarrollados, en una persistente caída en las tasas de natalidad y en la consecuente necesidad de “importar mano de obra”.
Entre nosotros, y probablemente por la labilidad de las reformas, los efectos fueron bastantes diferentes. En cualquier caso, añadieron una nueva segmentación en el mercado de trabajo sin llegar a reducir los niveles de empleo no registrado. Esta relativa inocuidad, en términos de empleo, de las reformas intentadas en los noventa podría hacer pensar que la generación de puestos de trabajo depende, antes que de las reglas laborales, de la paridad monetaria, de los términos internacionales de intercambio, de las políticas de comercio exterior o, como no, de la evolución de la formación profesional y la productividad.  
Concluyo este punto expresando que, a la hora de reformar las reglas laborales, además de pensar en la distribución de la renta y del poder, resulta conveniente o preciso pensar en la necesidad de promover y sostener formas de integración social, territorial y familiar.   

VI.- EL MODELO SUECO DE BIENESTAR

Hacia 1970 los socialistas suecos liderados por Oloff PALME publicaron un documento destinado a la celebridad. Me refiero al manifiesto titulado “La familia del futuro: una política socialista para la familia”, que habría de tener enorme influencia en las políticas sociolaborales impulsadas por la social democracia europea. 
Aun cuando las dimensiones y calidades de nuestro Estado de Bienestar estuvieron y están muy lejos del horizonte sueco, este Manifiesto y sus derivaciones llegaron también a influir en algunas fuerzas políticas y corrientes intelectuales argentinas. 
Si bien en muchas partes del mundo se sigue pensando en el modelo sueco como el punto de llegada del bienestar y la felicidad, han comenzado a surgir, cuarenta años después, algunas reflexiones críticas.
El ideal de independencia individual alcanzado en buena medida en Suecia, y otros países nórdicos, está siendo controvertido por recientes estudios que constatan que uno de cada dos suecos vive solo, y que uno de cada cuatro suecos muere solo sin que nadie reclame su cuerpo. 
Tales constataciones están incrementando los llamados a revalorizar prácticas culturales y familiares con eje en la interdependencia de las personas (BAUMAN). Entiendo que estos llamados no pueden ser desoídos por los sistemas de relaciones laborales ni por las estructuras que son propias del Estado de Bienestar.
Me atrevería, para cerrar esta exposición, a dejar apuntada una hipótesis y una duda:  
La hipótesis: Mientras que en el mundo desarrollado la ruptura del tejido social y de las relaciones interpersonales constructivas y pacíficas ha comenzado a producirse en las capas altas y medias que disfrutan de empleos estables y bien retribuidos, en las áreas más pobres del Norte argentino la incipiente destrucción del tejido social ocurre como consecuencia de la combinación letal de desocupación, narcotráfico, adicciones y violencia machista.
La duda: ¿No habrá llegado el momento de replantearse la decisión de concentrar la riqueza y el empleo en la “zona núcleo”, y generar un esfuerzo de reconstrucción del Norte argentino que contemple el fin de los privilegios de los que gozan los actores del régimen unitario de relaciones laborales y sindicales?
Sobre todo, ahora. Cuando el homo sapiens parece cerca de crear sus propios sucesores, y recrudecen las preguntas sobre la “Mejora Humana” (HARARI, 2015). No sería entonces mala idea aventurarnos en la mejora del empleo, las relaciones laborales y el bienestar en la Argentina -que es también sus regiones extra pampeanas-, y definir en qué deseamos convertirnos.   
Muchas gracias.
  

BIBLIOGRAFIA

ALDAO ZAPIOLA, Carlos “Breve historia de la negociación colectiva” (la edición en castellano se encuentra en prensa).
BAUMAN, Zygmunt “Vidas desperdiciadas”, Editorial PAIDOS, España – 2013.
BAUMAN, Zygmunt “Estado de crisis”, Editorial PAIDOS, Buenos Aires – 2016. 
BELINI, Claudio “La industria peronista”, Editorial EDHASA, Buenos Aires – 2009.
BILINKIS, Santiago “Pasaje al futuro”, Editorial SUDAMERICANA, Buenos Aires – 2014.
BITRAN, Rafael “El Congreso de la Productividad. La reconversión económica durante el segundo gobierno peronista”, Editorial EL BLOQUE, Buenos Aires – 1994.
BRENNAN, J. P. “El cordobazo”, Editorial WALDHUTER, Buenos Aires – 2015.
CARO FIGUEROA, José Armando “Huelga y Derecho de Huelga”, en el “Tratado de Relaciones Colectivas de Trabajo”, Tomos II y III, Editorial LA LEY, Buenos Aires – 2014.
CORTE, Néstor “El modelo sindical argentino”, Editorial RUBINZAL-CULZONI, Santa Fe – 1988. 
GARCIA, Héctor Omar
GOLDIN, Ardían O.
HARARI, Yuval N. “Sapiens. De animales a dioses”, Editorial DEBATE, España – 2015.
RAMIREZ BOSCO, Luis “La libertad sindical de negociar colectivamente”, en la obra dirigida por Jorge RODRIGUEZ MANCINI “Libertad Sindical”, Editorial ASTREA, Buenos Aires – 2016.
RODRÍGUEZ MANCINI, Jorge “Derechos fundamentales y relaciones laborales”, Editorial ASTREA, Buenos Aires - 2004.
ROUGIER, Marcelo “La industrialización en su laberinto”, Editorial UNIVERSIDAD DE CANTABRIA, España – 2015.
SCHWAB, Klaus “La cuarta revolución industrial”, Editorial DEBATE, España – 2016.



miércoles, 12 de julio de 2017

EMPLEO Y NEGOCIACION COLECTIVA EN SALTA


José Armando Caro Figueroa

Director de Caro Figueroa Abogados

Según datos fiables, del millón doscientas mil personas que habitan la provincia de Salta trabajan 500.000. De ellos, 110 mil son empleados públicos y 124.000 tienen un empleo registrado en el sector privado. El resto son cuentapropistas o trabajadores en negro.

Tamaña escasez de empleo privado en blanco tiene, sin duda, múltiples causas.

Algunas, se vinculan con la trayectoria histórica de nuestro aparato productivo y con la decadencia de la educación y la formación profesional. Otras, con el marco nacional dentro del cual se desenvuelve la economía provinciana, cuyo diseño institucional es inadecuado o contiene incentivos perversos o insuficientes.

Antes de avanzar, conviene recordar dos aspectos: a) Que buena parte de aquellos 124.000 trabajadores en blanco se desempeñan en 30 empresas agroindustriales, mineras, agropecuarias, turísticas, industriales y de servicios; y b) Que esos trabajadores están representados por no más de 20 sindicatos con personería gremial[1].

La negociación colectiva laboral en Salta

Las consideraciones que siguen parten de la convicción de que el diálogo entre empleadores y trabajadores y los acuerdos colectivos que de este diálogo se derivan, cumplen un papel central y positivo en la evolución de las inversiones, del empleo, la productividad y, desde luego, del bienestar social.

Una convicción que, ciertamente, discrepa de los postulados anti obreros y anti sindicales que propugnan la individualización de las relaciones de trabajo y promueven el autoritarismo patronal.

Cuando nos detenemos a analizar el núcleo del empleo salteño privado y en blanco, surge un dato sorprendente: En este universo de trabajadores, empleadores y sindicatos, se registran sólo tres o cuatro Convenios Colectivos de Trabajo de ámbito provincial; con el añadido de que ellos[2] suelen negociarse en la ciudad autónoma de Buenos Aires.

Esta pobreza de la negociación colectiva laboral tiene que ver, en primer lugar, con el vetusto diseño del sistema argentino de relaciones de trabajo, construido alrededor de la Argentina industrial de la primera mitad de siglo XX, cuando las fábricas se asentaban en el cinturón industrial de Buenos Aires y los trabajadores del Norte (“cabecitas negras”) emigraban en busca de oportunidades.

Los industriales porteños y los vértices sindicales se las ingeniaron para absorber y conservar todo el poder representativo e instaurar instituciones “unitarias”.

Un recorrido por el mapa sindical salteño revela que de las veinte (20) organizaciones obreras que representan a los trabajadores en blanco de la actividad privada, catorce tienen la forma “unión”, doce se integran en “federaciones” y dos o tres son sindicatos “de empresa”.

Como se sabe, en las “uniones” todo el poder representativo y negocial reside en la cúpula, razón por la cual las secciones salteñas están condenadas a tareas burocráticas o societarias. Pero el caso de Salta es aún mas preocupante pues incluso los sindicatos locales con personería gremial que, al estar federados, conservan su aptitud para negociar no han hecho uso de esta facultad que les otorga la legislación vigente[3]. 

Dentro del mundo empresarial el panorama es igualmente contrario a la autonomía de las cámaras y empresas locales, condenadas a permanecer dentro de organizaciones de ámbito nacional en donde la voz cantante es propiedad de las grandes empresas del área central que son quienes terminan imponiendo las condiciones laborales y fijando buena parte del costo laboral.

Tres incógnitas abiertas

El funcionamiento real y cotidiano en Salta del sistema de relaciones laborales genera dudas y preguntas que los actores sociales no parecen estar formulándose:

La primera puede expresarse así: ¿Por qué los sindicatos locales federados y las cámaras salteñas no negocian convenios colectivos que promuevan el empleo local, aun estando legal y estatutariamente habilitados?[4]

La segunda tiene que ver con la empresa de capitales chinos BYD Industries que acaba de anunciar su intención de instalar una fábrica de automotores eléctricos. ¿Negociará (antes o después) un CCT? La iniciativa cuenta con un dato a favor: El Sindicato de Mecánicos del Transporte Automotor (SMATA), que presumiblemente representará a los futuros trabajadores, es partidario de celebrar Convenios Colectivos de Empresa. Por tanto, si bien la filial local del SMATA tendrá un rol secundario, al menos el emprendimiento no tropezará con imposiciones unitarias.

La última interroga acerca de la posibilidad de que determinados emprendimientos hidrocarburíferos en el norte salteño puedan acceder a las condiciones ventajosas (para las inversiones y el empleo) pactadas para Vaca Muerta. 

El sistema unitario perjudica al norte empobrecido

La vitalidad de este vetusto unitarismo laboral surge, como no, de las leyes aprobadas en los años de 1950 (ratificadas en 1988), y en la supervivencia del pacto no escrito entre el vértice sindical y las cúpulas empresariales que articulan los intereses del centro del país.  

Pero para explicar la sobrevida de aquellas reglas jurídicas, hay un dato probablemente mas importante: La convicción de una gran cantidad de trabajadores y sindicatos en el sentido de que la descentralización de la negociación colectiva y la federalización de los sindicatos debilitará al movimiento obrero.

En el dilatado espacio de la Argentina pampeana-industrial pueden existir razones ideológicas para esta certeza. Pero es difícil sostener que el actual esquema de sindicatos y de negociación colectiva haga fuertes a los trabajadores salteños y a sus organizaciones representativas.

Los indicadores de empleo privado registrado, de salarios y de condiciones de trabajo muestran precariedad, inequidades, discriminaciones territoriales. En realidad, es más cierto que el vigente modelo de negociación colectiva desalienta el empleo decente, fomenta el fraude laboral, y desertiza industrial y agroindustrialmente a Salta. 

Julio de 2017



[1] Alimentación (STIA-S), Industrias de la Carne (STIC-S), Avícolas, Tabaco (STT-S), Vitivinícolas (SOEV-S), Lechería (ATILRA), Curtiembres (SAMC), Asociación Bancaria (LB-S), Aguas Gaseosas (SUTIAGA-S), Textiles (AOT), Químicos (STIQ y P-S), Vidrio (SOIVA), Artes Gráficas (SAG-S), Petroleros Privados, Metalúrgicos (UOM), Caucho (SECA), Minería (AOMA), Seguridad (UPSRA), Transporte (UTA) y Gastronómicos (UTHGRA), Sindicatos del Azúcar (Tabacal y San Isidro).
[2] Estos CCT corresponden a la minería (Minera del Altiplano), al tabaco (Alliance One) y al azúcar (Tabacal).
[3] En uno de los pocos casos que un sindicato provincial suscribió un CCT lo hizo con la presencia tutelar de la federación. Los restantes casos, corresponden a sindicatos de empresa que actúan en el sector del azúcar.
[4] Una respuesta posible alude a la ultraactividad de los CCT nacionales; otra a la presión que la Federación ejercer sobre sus federados.

sábado, 8 de julio de 2017

Encuentro abierto de Abogados de la CTA-A en Salta


LOS OBSTÁCULOS EN LA NUEVA ETAPA DE LAS RELACIONES LABORALES. LIBERTAD SINDICAL Y CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA Y DE LA HUELGA. LA INJERENCIA DEL ESTADO.

Panel sobre La libertad sindical y su relación con las libertades públicas. El derecho a la “organización libre y democrática” y el derecho de huelga, su relación con  la criminalización de la huelga y la protesta social  Armando Caro Figueroa, David Duarte y  Nicolás Tauber. Coordina Vanina Zamora

Guion para la intervención de José Armando Caro Figueroa
1.      Agradecer la invitación. Precisar los límites de mi intervención (aspectos más sociológicos, históricos y propiamente sindicales, que jurídicos. Especial referencia a la situación de Salta).
2.      El derecho a la protesta como Derecho Fundamental (de trabajadores, desocupados, personas vulnerables, minorías, organizaciones cívicas)
3.      Libertad sindical y derecho de huelga
a.       Titularidad del derecho de huelga: Monopolio y pluralismo
b.      El ámbito de las huelgas (generales, sectoriales, de empresa, de oficio)
4.      Amenazas que se ciernen sobre la huelga y su efectividad
a.       En el mundo (la reconfiguración de los procesos productivos y del mapa económico mundial; el tele esquirolaje; la propaganda anti huelga; el papel de usuarios y consumidores)
b.      En la Argentina (la inflación, la radicalización del conflicto o la recurrente tentación de la “guerra absoluta”, injerencia gubernamental, autoritarismo patronal)
c.       En Salta (tradiciones autoritarias, impericia, politización de la justicia, trabajo en negro)
5.      La necesidad de tutelar jurídica, judicial y sindicalmente el derecho de huelga
a.       Garantías del derecho de huelga
b.      Control internacional de convencionalidad
c.       La Justicia
d.      El Poder Ejecutivo
e.       Los sindicatos (representatividad, prestigio, comunicación constitucionalidad, estrategias de tiempo, lugar y modo).
6.      El acceso a una justicia independiente y eficaz en Salta
Vaqueros (Salta), 23 de mayo de 2017.

jueves, 6 de julio de 2017

Acerca de la "industria del jucio laboral"


Por José Armando Caro Figueroa

Según el presidente Macri, uno de los principales factores que, en la Argentina, retrasan la creación de empleo es la elevada litigiosidad en el fuero del trabajo, fruto, a su vez, de la connivencia entre ciertos abogados y ciertos jueces.

Un argumento de extensión provinciana bastaría para mostrar su error: Si fuera cierto que la baja litigiosidad promueve el empleo y la productividad, Salta -que registra muy pocas demandas judiciales por accidentes o enfermedades del trabajo[1]-, sería una zona con pleno empleo y alta competitividad. Algo que la realidad cotidiana desmiente.

Me permito, entonces, afirmar que el diagnóstico presidencial ignora los profundos problemas que -en el ámbito de las relaciones laborales- paralizan a nuestra economía, promueven el desempleo, y alientan la baja productividad.

La apreciación presidencial contribuye, más allá de intenciones, a deslegitimar el Sistema de Riesgos del Trabajo[2], ignorando que en su diseño estructural están las bases tanto para promover la seguridad y la salud laboral como para crear relaciones equitativas entre los daños y su reparación.

Con el añadido de que los dichos del jefe del Estado extienden un peligroso manto de sospecha sobre amplios segmentos de la justicia del trabajo, y sirven a los intereses de quienes sueñan con trabajadores mansos, dotados de derechos nominales, pero sin instancias (judiciales ni de autotutela) que garanticen su vigencia efectiva[3].  

Un diagnóstico superficial y equivocado

Se impone, pues, corregir aquel diagnóstico. Para lo cual hará falta reconocer que el vigente y vetusto sistema argentino de relaciones del trabajo (incluyendo sus ajustes de inspiración kirchnerista y los recientes retoques impulsados por Cambiemos), traba el empleo y asfixia la producción. 

Es bueno recordar que, tras 18 meses de Gobierno Macri-, la economía y el empleo funcionan en lo sustancial siguiendo las rutinas del régimen anterior.

Tenemos, todavía, una economía industrial y de servicios que ha renunciado a ser competitiva en términos internacionales. Un mercado de trabajo que funciona con el 40% de empleo no-registrado, y con las condiciones de trabajo congeladas en los convenios colectivos pactados en 1975. Conservamos el modelo sindical monopólico que, además, gestiona sin control recursos equivalentes al 1,5% del PBI merced a las obras sociales.

Retoques y alternativas conservadoras

Las medidas impulsadas por el Gobierno Macri en materia de empleo y relaciones laborales son insustanciales y fragmentarias, carecen de un plan orientador, y se alejan de lo que se supone es un ideario republicano y constitucional.

En vez de haber procurado un acuerdo tripartito sobre metas y reformas[4], Macri impulsó unos pocos compromisos sectoriales en materia de competitividad (caso Vaca Muerta o industria del automóvil). Por encima del acierto de estos acuerdos, me permito dudar de que uno o varios sectores industriales reformados puedan funcionar satisfactoriamente en un entorno regulatorio, impositivo y laboral que se mueve bajo parámetros antagónicos.

En lo que se refiere a las instituciones y principios fundamentales, el Gobierno de Cambiemos se ha mostrado peligrosamente inconsecuente con la Constitución y los Tratados Internacionales: Adoptó medidas contrarias al derecho de huelga, omitiendo reconducir la normativa kirchnerista a los principios de la OIT[5]; paralizó la inscripción de nuevas organizaciones obreras surgidas al amparo de la Libertad Sindical[6]; interfirió en la negociación colectiva (por ejemplo, en el sector bancario); cuestionó el derecho de trabajadores y sindicatos a la tutela judicial efectiva.

En el terreno de las condiciones de trabajo, optó por tolerar el trabajo no-registrado como uno de los ejes del penoso modelo productivo argentino; prefirió denunciar la litigiosidad, sin mostrar interés alguno en la prevención y el control en materia de riesgos del trabajo; habló de la necesidad de que las partes renueven los convenios colectivos vigentes desde 1975, sin dar los pasos promocionales necesarios.

Las ideas que circulan en materia de política laboral

Las alternativas reformistas que circulan entre empleadores, sindicalistas y expertos son también reiteración de recetas confrontativas del pasado: Mantener aislada a la Argentina o devaluar nuestra moneda. Ratificar el no escrito y añejo pacto sindical-industrial, o avanzar contra todas las formas de acción sindical[7]. Conservar la segmentación entre trabajadores registrados y no-registrados, o instaurar el despido libre y rebajar las cargas sociales hasta desfinanciar la Seguridad Social. Alentar las subas salariales para que funcione el mercado interno, o congelar los salarios. Acotar la negociación colectiva a la carrera inflacionaria, o abrir la negociación de todas las condiciones de trabajo.

En su tácita decisión de administrar la herencia kirchnerista e introducir breves retoques, el gobierno de Cambiemos parece guiado por el ideario de la patronal argentina que, como sabemos, incluye la conservación de las prerrogativas de los sindicatos oficiales contrarias al derecho fundamental a la Libertad Sindical y al principio federal.

Sucede, sin embargo, que el ideario de la patronal más representativa es inviable. Tanto desde el punto de vista político como desde una óptica atenta al bienestar social. Es sencillamente absurdo pensar que la competitividad de la Argentina haya de alcanzarse devaluando nuestra moneda o instaurando el despido libre, cancelando las protestas y el derecho de huelga, manteniendo el trabajo en negro y el ejército de excluidos como variables de ajuste, sometiendo la negociación colectiva a cepos que frenan o a incentivos que sirven a los propósitos de la Argentina autárquica y, por ende, pobre y estancada.

¿Es posible construir y consensuar un programa reformista?

Pienso que además de posible, tal programa consensuado resulta imprescindible para superar la larga crisis económica y cerrar los caminos a través de los cuales pretende regresar el peor populismo del que tengamos memoria.

No obstante, será preciso aclarar dos cuestiones previas:

En primer lugar, definir si el anhelado programa reformista ha de inscribirse dentro de la Constitución Nacional y de los Tratados vigentes (el llamado bloque constitucional, federal y cosmopolita) en materia de derechos sociales fundamentales, o se intentará dentro de la nebulosa antirrepublicana en la que malvivimos desde hace años.

En segundo lugar, establecer si la Argentina y sus actores representativos se proponen construir una economía internacionalmente competitiva y socialmente justa, o prefieren seguir experimentando con esta autarquía que nos empobrece material y culturalmente.

Vaqueros (Salta), 19 de junio de 2017.



[1] Entre 2010 y 2015 en los tribunales de Salta ingresaron menos de 100 causas por año.
[2] Este Sistema nació en 1995, siendo yo Ministro de Trabajo en el Gobierno del Presidente Menem y tras un pacto entre el Gobierno, la CGT y el Grupo de los 8. Los lineamientos del pacto inspiraron la Ley 24.557/95 (Véase GIORDANO, O. y TORRES, A. “Riesgos del Trabajo”, Editorial Fundación del Trabajo, Buenos Aires – 1966). Esta Ley recibió fuertes cuestionamientos de las asociaciones de abogados laboralistas que obtuvieron sentencias de la CSJN declarando inconstitucionales algunos de los ejes del nuevo Sistema. Más adelante y tras un inicial rechazo al SRT, el Gobierno de Cristina Kirchner cedió a las presiones de la patronal y modificó parcialmente la Ley de 1995, a través de la Ley 26.733/12. Recientemente, el Gobierno Macri impulsó otra reforma que fue aprobada mediante Ley 27.348/17, tras un pacto con empresas y la CGT. Todo parece indicar que, luego de estas dos sucesivas modificaciones, el Sistema de Riesgos de Trabajo ha recuperado buena parte de sus atributos para continuar reduciendo la siniestralidad y para brindar, de aquí en más, adecuada y oportuna reparación a los daños.    
[3] Al hacerse cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión PERÓN dijo que la revolución, más que en sancionar nuevas leyes, consistía en hacer cumplir las vigentes. De modo que la eficacia de las leyes es una legítima aspiración de los trabajadores, y una seña de identidad de toda democracia constitucional.
[4] Loa acuerdos entre la CGT y el Gobierno Macri se ciñeron a atender las demandas de los sindicatos oficiales relacionados con los fondos de las obras sociales. Entre bambalinas, el Gobierno de Cambiemos efectúa concesiones a estos sindicatos, sin asegurarse compromisos de paz social, ni obtener concesiones en materia de reformas estructurales.
[5] Véase el Tomo II de mi “Tratado sobre la Huelga y el Derecho de Huelga”, en la obra dirigida por Raúl ALTAMIRA GIGENA, Editorial LA LEY, Buenos Aires – 2015. En este asunto vital, el Gobierno Macri (también varios gobiernos provinciales) oscila entre la impericia y la negligencia. Así, por ejemplo: Debió poner en marcha la Comisión de Garantías garantizando su independencia y no lo hizo. Debió reformar su Reglamento, y no lo hizo. Debió reconfigurar el catálogo de servicios esenciales y servicios de inaplazable necesidad en línea con los criterios de la OIT, y no lo hizo. Debió reforzar el procedimiento de conciliación obligatoria, y no lo hizo.
[6] En sintonía con esta visión, la CSJN impulsó recientemente interpretaciones restrictivas a los Tratados sobre libertad sindical. Casos “Orellano” (que analizo en un artículo publicado en la Revista Derecho del Trabajo, Editorial La Ley, de 7 de julio de 2016), y “Sindicato Policial de Buenos Aires” de 11 de abril de 2017 (que analizo en el último numero de la misma Revista).
[7] Sobre todo, contra las protagonizada por la izquierda o por los delegados de fábrica o seccionales territoriales que se rebelan frente a sus vértices.

EL ARBITRAJE COMO OPORTUNIDAD

José Armando Caro Figueroa

Director de “Caro Figueroa – Abogados”

Hay en Salta notorias dificultades para procesar y resolver los innumerables conflictos que surgen entre personas u organizaciones. Se trata de dificultades que se derivan tanto de factores culturales, como de aspectos institucionales.

El primero de estos obstáculos tiene que ver con el hecho de que muchos salteños ven en cualquier concesión una deshonra; prefieren, contrariando el conocido apotegma, un mal juicio a un buen arreglo.

La segunda dificultad, enlaza con el diseño y el funcionamiento de los entes estatales pensados para tramitar los conflictos comerciales, civiles, ambientales, laborales, administrativos, vecinales o familiares.

En realidad, cada vez que surge uno de estos conflictos, sus actores se ven compelidos a acudir a los órganos del Poder Judicial y, por ende, a sufrir sus demoras, sus intríngulis y sus costos.

En muchas oportunidades la particular situación de la justicia provincial termina funcionando -en unos casos- como una infranqueable barrera que disuade a quienes son portadores de derechos negados; en otros, aconseja las vías de hecho, la violencia o la venganza. No es un secreto para nadie que son las personas de escasos recursos quienes con mayor frecuencia y daño tropiezan con este muro invisible.   

El diseño de las instituciones del Estado previstas para tramitar querellas y conflictos, además de vetusto, presenta enormes lagunas; me refiero a la exclusión o insuficiencia de los mecanismos de prevención y de los procedimientos no jurisdiccionales de solución de conflictos.

En Salta no contamos con agencias o servicios suficientes y eficaces pensados como alternativas a la judicialización o a las vías de hecho. Dicho de otro modo, carecemos de instancias especializadas y suficientes para albergar la creciente diversificación de nuestros conflictos cotidianos.

Si dejamos de lado los servicios que brinda la Cámara de Comercio de Salta, el ensayo de la Ley Mediación (7.324/2004), y la conciliación en las relaciones de consumo (Ley 7.402/2006), muchas facetas de la vida civil, familiar o del trabajo continúan prisioneras de códigos y rutinas anacrónicas que, suelen contraponerse con los principios de la democracia constitucional y con las exigencias de la modernidad.

Lo ha puesto de manifiesto recientemente el calificado catedrático Alvarado Velloso quién, al referirse a nuestro Código Procesal Civil ha dicho, ante la perplejidad e inacción del mundo jurídico local: “Yo lo quemaría, porque es un Código que tiene tendencias autoritarias, nazi, fascistas y soviéticas”.

La conflictividad del trabajo

Por razones que habría que analizar sin dogmas, Salta no adhirió al Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO) de la Ley 24.635/1996, que funciona razonablemente bien en el área de la ciudad autónoma de Buenos Aires.

En consecuencia, los conflictos individuales del trabajo sólo disponen de un servicio administrativo y de la vía judicial, generalmente lenta y muy poco utilizada a raíz de la creciente informalidad del empleo local.

Por otra parte, y como se pone de manifiesto ante protestas colectivas y huelgas, la Provincia no cuenta con un cuerpo de especialistas en condiciones de encauzar los conflictos colectivos, lo que termina encrespándolos y poniéndoles en situaciones que los asemejan a la “guerra absoluta”.

El arbitraje voluntario

Estoy convencido, tras largos años de ejercicio profesional, de que buena parte de los conflictos que surgen en el área de las relaciones civiles y comerciales y que hoy recalan en los estrados judiciales, podrían resolverse de forma más rápida, económica, justa y eficiente, si las partes y sus letrados encontraran servicios de arbitraje voluntario y se comprometieran con su espíritu y sus principios.

Sobre todo, a partir de la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación que reguló el contrato de arbitraje, dándole solidez y autonomía.

Si bien es verdad que no hay en Salta una experiencia suficiente en materia de arbitraje -pese a que el Colegio de Abogados intentó promoverlo y reglamentarlo (Asamblea de 12 de marzo de 1992), y que está regulado en nuestro criticado Código Procesal Civil y Comercial de 1978-, una actuación promocional convergente de abogados, legisladores y universidades abriría caminos a una herramienta de probada eficacia en otras latitudes.

Para avanzar en esta dirección, expedita desde el punto de vista jurídico, conviene tener presente que Salta cuenta con una apreciable cantidad de expertos en derecho y otras ciencias sociales, así como con magistrados jubilados de probada experiencia y reconocida probidad que bien podrían integrar una suerte de Colegio Arbitral que organice el servicio y defina su propio código de ética y sus aranceles.

Ni bien seamos capaces de estos avances, miles de juicios derivados de contratos civiles o mercantiles, de derechos sucesorios, de conflictos sobre ambiente, propiedad, alquileres, o de querellas vecinales o entre socios abandonaran los pasillos de la Ciudad Judicial con notorias ganancias en materia de rapidez, equidad y costos.   

Vaqueros, 26 de junio de 2017.