En este
sentido, comenzaré señalando que los hechos a los que me refiero precisan ser
investigados por instancias y expertos independientes. Por personas en
condiciones de desentrañar lo ocurrido y, sin presiones externas, determinar
las responsabilidades.
Sería
aconsejable, además, que un grupo de expertos señalara los caminos para que
esto no vuelva a suceder; para que la improvisación, la discrecionalidad, la
opacidad y la precariedad sean, de aquí en más, sustituidas por la
planificación, las reglas, el énfasis en la transparencia, la prevención y el
equipamiento suficiente.
Dicho esto,
se impone una pregunta: ¿Contamos con una autoridad independiente en
condiciones de investigar lo sucedido, auditar el comportamiento de la cadena
de mandos y deslindar responsabilidades? Lamentablemente la respuesta es
negativa.
El Poder
Ejecutivo provincia, a consecuencia de comportamientos inveterados, concentra
en sus manos todo el poder del Estado y diluye o frustra cualquier intervención
de personas u órganos que no se sometan a sus dictados hegemónicos. Esta obsesión
por la manipulación política quebró los márgenes que, en las repúblicas
democráticas, distinguen la esfera del gobierno (regida por la política
subordinada a la Constitución y a la ley) del ámbito propio de la
administración que debe regirse sólo por la legalidad vigente.
Por tanto, aunque
es improbable que el Poder Ejecutivo escuche este pedido, pienso que la
tragedia de Guachipas reclama una investigación exhaustiva, imparcial,
transparente, ágil y alejada de los fragores de la política minúscula.
El papel de la justicia
Como se
sabe, la depuración de responsabilidades administrativas y penales, así como la
reparación de los daños humanos y materiales es, en todos los supuestos,
función del Poder Judicial provincial y, en su caso, del Ministerio Público.
Y tropezamos
aquí como la misma piedra. La presencia de una férrea voluntad que se propone
controlar a jueces y fiscales (aunque no siempre lo logre), conspira contra
aquella necesaria depuración de responsabilidades.
La actual
conformación del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento, y
las vigentes reglas de selección de magistrados, sintonizan con aquella
voluntad y alimentan todo tipo de sospechas y suspicacias.
En este
contexto, es harto probable que los familiares de las víctimas de la tragedia
de Guachipas choquen contra el deficiente funcionamiento de la Justicia
salteña. Y no me refiero aquí al caso de ningún juez en particular, sino al de
una maquinaria lenta hasta la exasperación, incapaz de satisfacer en tiempo y
forma legítimas demandas de las personas. Las quejas sin respuesta de las
víctimas de accidentes de tránsito son ejemplos elocuentes de esta lacra
institucional.
Aunque no es
bueno apelar a factores emotivos, creo que es tiempo ya de que algunas
instancias judiciales de la provincia dejen de lado criterios mezquinos que
llevan a tasar el valor de la vida humana en cifras muy inferiores a las que
recogen y admiten tribunales de otras jurisdicciones.
Por otra
parte, sería un gesto loable que el Poder Ejecutivo se apresurara a celebrar
acuerdos con los familiares de los fallecidos, evitándoles el calvario de una
justicia morosa. En tales acuerdos, las autoridades deberían acceder a la
reparación integral, sin escudarse en la indemnización tarifada del régimen de
accidentes de trabajo. Lo que, naturalmente, implica admitir sin litigio que
las muertes se produjeron en una situación en donde las medidas de prevención y
los medios protección fueron inadecuados o insuficientes.
Pero hay dos
cosas más que el Gobierno debería hacer en homenaje a las víctimas que murieron
en cumplimiento de su deber:
De un lado,
definir planes operativos y revisar el equipamiento de los distintos servicios
encargados de hacer frente a las emergencias colectivas. Y, de otro, acabar con
las contrataciones de personal en fraude de ley. No hay ningún argumento que
pueda justificar que un porcentaje importante de empleados públicos de la Provincia
ingresen a través de la ficción de la locación de servicios, y se vena condenados
a inscribirse como monotributistas, sufragar sus servicios sociales precarios,
y resignar sus derechos laborales.
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