martes, 18 de junio de 2013

Salta y los salteños ante los límites del crecimiento urbano


En los años de 1970 un grupo de visionarios, convocados por el Club de Roma, formuló una pregunta llamada a tener enorme repercusión en los debates académicos y políticos: “¿Existen límites al crecimiento?” (Véase MEADOWS, D. y otros "Los límites del crecimiento - Edición 2012, Editorial TAURUS). Parafraseando a estos expertos, quienes vivimos en la ciudad de Salta deberíamos formularnos varias preguntas:

¿Es posible mantener el actual ritmo de crecimiento urbano sin atender a las restricciones de los recursos disponibles? ¿Es social, urbana, y económicamente sustentable el crecimiento exponencial que experimenta la construcción de edificios de altura, en un contexto de falta de inversión pública y privada en obras de infraestructura?

¿Estamos adoptando las previsiones para que las generaciones futuras disfruten de una Salta equilibrada, sana y segura? ¿Está la Municipalidad de Salta en condiciones de encauzar la industria de la construcción dentro del marco constitucional y legal que garantiza nuestros derechos al ambiente, al paisaje y a una ciudad donde todos vivamos dignamente?

El colapso del agua y de la red cloacal

No hace falta recurrir a las estadísticas para comprobar que el centro de nuestra ciudad está siendo sembrado de edificios de altura que alteran entornos, colapsan nuestra precaria red cloacal, y aceleran la guerra por el agua para consumo humano; una guerra que los mono-bloques van ganando a las tradicionales casas bajas de nuestro centro histórico.     

En realidad, Salta carece de agua suficiente para los casi 700.00 habitantes, muchos de los cuales la derrochan de modo salvaje. La posibilidad de que esta carencia estructural pudiera ser remediada mediante obras de almacenamiento y distribución, es remota en tanto tales obras no están en los presupuestos ni en el horizonte de los gobernantes. Pero es además seguro que -incluso ejecutándolas a marcha forzada- en los próximos años la falta de agua potable no hará sino aumentar nuestras penurias.

El estado de nuestra red cloacal se comprueba visitando la planta depuradora o, por ejemplo, el cauce del rio Arenales que se ha convertido en un vertedero de aguas negras y putrefactas, ante la pasividad de las autoridades que solo atinan a tapar la realidad o a transferir responsabilidades.

La ciudad, con el beneplácito de los gobernantes, muchas veces asociados al fenómeno, está en manos de una trepidante especulación inmobiliaria que construye sin orden ni concierto, y que no repara en medios para alcanzar sus objetivos, aunque estos sean contrarios a las Ordenanzas vigentes.

No está de más advertir que aquella especulación está provocando una “burbuja inmobiliaria” alentada por la ausencia de otros mecanismos de ahorro y por la irrupción de distintas modalidades de dinero negro. Y es bueno recordar que cuando estas burbujas urbanas estallan dejan detrás de si desempleo, viviendas sin vender, licuación de precios y otros quebrantos económicos.

La Municipalidad no está al servicio de todos

Hay que añadir que la Municipalidad de la Capital, que en este sentido actúa en fina sintonía con Las Costas, no se plantea siquiera poner las instituciones al servicio del interés general, en tanto actúa convencida de que la especulación inmobiliaria crea riqueza y empleos y que da “soluciones habitacionales”.

Por supuesto, el señor Intendente y sus portavoces se preocupan por “vestirse de verde”, viajando a cuanto foro ambientalista se convoque en el mundo. Pero este discurso sedicentemente progresista es desmentido a diario por el maridaje celebrado con los especuladores y por la negligencia con que tratan las quejas de los vecinos y los problemas de los servicios esenciales.

Cuando un juzgado penal ha comprobado que no menos de 100 edificios de altura se han hecho al margen de la ley y en muchos casos de modo fraudulento, la Municipalidad responde con un blanqueo generoso con los infractores, que ofende a los perjudicados, y que daña a las futuras generaciones.

Cuando la misma Municipalidad y el Gobierno provincial constatan la escasez de suelo edificable, se lanzan con inusitada voracidad sobre cualquier espacio verde aunque sea inundable (es el caso de las 40 hectáreas expropiadas por la Ley 7.752) o haya sido declarado reserva ambiental (“Loma Balcón”).

En tiempos electorales, el oficialismo se precipita a promover “asentamientos” y  distribuye terrenos sin acceso a los servicios mínimos; vale decir, alienta la creación de espacios urbanos a sabiendas de que allí será imposible la vida digna.

Para dar visos de legalidad a su accionar incompetente, las distintas administraciones crean artilugios burocráticos (como los “certificados de pre-factibilidad”), desmantelan los servicios de Policía urbana y ambiental, o disimulan la carencia de medios y de voluntad política para asegurar que las nuevas edificaciones de altura sean sísmicamente seguras.

Un panorama sin duda desolador, que transcurre y se agrava ante la negligencia de muchos y la impotencia de los pocos que se atreven a poner el grito en el cielo y a reclamar por la vigencia de los derechos urbanísticos fundamentales.