martes, 17 de diciembre de 2013

Horizontes borrascosos


La exacerbación de la inflación, del odio y del relato, tres de los motores del kirchnerismo, está en la raíz de los recientes conflictos seguidos de desmanes y violencias.

La escalada de los precios asfixia a las economías familiares y deprecia salarios, jubilaciones y ayudas sociales. La idea de que la política exige la identificación de enemigos a los que sólo cabe machacar sin piedad, caló hondo en nuestra cultura y demuestra ahora su carácter reversible: muchas de las víctimas odian también a los profetas del odio. Algunas frases del relato (“no criminalizar la protesta”) y la absurda inercia que lleva al Gobierno a despreciar a las fuerzas armadas y de seguridad, no ayudan a la hora de preservar la paz interior.

La ideología de que la pobreza y la exclusión se suprimen con ayudas económicas, aparece desmentida por la realidad. Otro tanto sucede con el desdén que las autoridades expresan por el ejército de jóvenes que ni estudian ni trabajan. El fracaso del sistema educativo, que es también el fracaso de miles y miles de estudiantes, y un orden laboral que se sostiene merced al trabajo en negro y a la creciente presencia de asalariados pobres, muestran una realidad en donde mueren las esperanzas y anidan violencias de todo tipo.

La corrupción, los lujos y derroches que impúdicamente exhiben un sector de la clase dirigente y muchos ricos y famosos, abonan la idea de que vivimos en una sociedad híper injusta en donde la aplicación al estudio y al trabajo honrado va dejando de ser el camino para realizar sueños y construir una vida digna.

A su vez, en ciudades como Salta, la pobreza es caldo de cultivo para los mercaderes suburbanos de la droga que intoxican y matan a niños y adolescentes, a la par que construyen una suerte de “estado criminal” con lugartenientes que disciernen premios y castigos, y con bandas que siembran el terror e imponen la ley del miedo. En realidad, mirada globalmente, Salta está dejando de ser linda (afeada por la especulación inmobiliaria, por las cloacas a cielo abierto, por la destrucción de bosques, por la falta de agua potable y por la degradación cultural) y está -más que antes- lejos de ser justa.

El renacer de agudos conflictos salariales

Los reclamos de los trabajadores que se desempeñan en las policías provinciales han encendido -tarde- las alarmas y han dejado al descubierto lagunas institucionales, gestiones improvisadas, y las consecuencias de la impericia con la que muchos gobiernos, siguiendo la anacrónica estela kirchnerista, tratan a las fuerzas de seguridad a las que siguen emparentando con la dictadura y el crimen.

El dogma reaccionario que niega a los policías el derecho de sindicalización es, a estas alturas, insostenibles. Si miramos lo que sucede en los países más avanzados, comprobaremos que allí se reconoce a los trabajadores policiales la libertad de sindicarse, con el mismo énfasis que se les niega el derecho de huelga en atención a su integración en cuerpos armados.

La ficción de negociar con familiares o abogados de los policías que deciden reivindicar mejores condiciones de trabajo, se ha revelado incapaz de resolver los problemas y de restablecer la paz social. Nuestro Estado de derecho precisa facilitar la creación de órganos representativos de estos trabajadores, señalándoles el modo de hacer compatibles su accionar gremial con el irrenunciable mandato de velar por el orden y la seguridad de los habitantes.

Los estilos exhibidos y las consignas autoritarias propaladas desde el vértice del poder contribuyeron a aumentar las tensiones propias de un conflicto laboral de derivaciones difícilmente previsibles. Si bien estamos –afortunadamente- lejos de los mini golpes de estado protagonizados por las fuerzas policiales, hay que recordar que cuando este tipo de conflictos se entremezcla con intencionalidades y maniobras políticas antidemocráticas, se producen graves daños institucionales, como lo muestra la historia conflictiva de la Policía de Córdoba a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado (C. TCACH, 2013, recuerda los conflictos que precipitaron el derrocamiento de los Gobernadores ZANICCHELLI y OBREGÓN CANO).

Los incrementos salariales pactados o resueltos por las autoridades en favor de la policía parecen haber cerrado un ciclo de tensiones y alarmas. Pero, como no podía ser de otro modo, han abierto cauces cauce para que, de la mano de la inflación galopante, otros trabajadores se miren en el ejemplo policial. Un ejemplo donde sobresalen tanto la desmesura a la hora de aplicar la medida de presión violando leyes y secuestrando el servicio, como el brusco salto remuneratorio que, sin embargo, deja fuera al personal retirado de las fuerzas de seguridad.

Como lo ha señalado con inusual claridad el Gobernador de Salta (que acertó al habilitar conversaciones con el personal policial en lucha), el mayor gasto salarial repercutirá sobre los impuestos locales y alimentará la espiral inflacionaria.

Habrá de resultarle muy difícil a los Gobernadores sostener el techo salarial del 18%, recomendado por el Gobierno Nacional, frente a una inflación que ronda el 30% y  ante el agravio comparativo de los aumentos arrancados por la movilización de los trabajadores de las policías.

La escalada inflacionaria desespera a los trabajadores y abre una desigual lucha que se dirime en las paritarias y en los despachos oficiales. Con el agravante de que los todavía bajos índices de desocupación no logran compensar la inequidad de los precios que desbastan presupuestos familiares. Adviértase también, para completar un panorama cargado de nubarrones, que la inmensa mayoría de las personas que viven de ayudas, salarios o jubilaciones no puede defender su poder adquisitivo por carecer de fuerza de presión y de canales representativos idóneos.

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