domingo, 2 de diciembre de 2012

La Justicia argentina contaminada

Algo anda mal en la Argentina cuando un alto Juez de la Nación da por buenos los “alegatos de oreja”, esa práctica antirrepublicana que envilece el funcionamiento del Poder Judicial en varias jurisdicciones, incluida, por supuesto, la de Salta.

Que un litigante o su apoderado se reúnan con un juez, fuera de los actos normales y públicos del proceso, para reforzar su posición, descalificar al contrario, y pedirle un fallo favorable, quiebra los principios fundamentales que articulan el funcionamiento de una justicia democrática.
Da igual que esa reunión innoble se realice en el despacho del juez o en un acontecimiento social (casamientos y velatorios son ocasiones propicias en Salta); que se aproveche una gala patriótica o la discreción de las alcobas; o que se recurra al teléfono o emisarios que cargan portafolios o alquilan anillos.

Si bien llama la atención aquella defensa de los “alegatos de oreja” por parte de un Juez ilustrado, preocupa que para la Abogacía, la Judicatura y de los principales actores políticos, la frase se sitúe en el “punto ciego” del que habla uno de los personajes de Amín MAALOUF en su novela “Los desorientados”.

El peligroso y evidente desprestigio de los jueces
Vivimos un tiempo en donde la opinión pública, abrumada por las sospechas de corrupción y por las noticias acerca de la maleabilidad de los jueces ante los reclamos de los poderosos, recela de su accionar. Los notorios casos de vedetismo y exhibición de lujos, contribuyen también a este penoso resultado que daña la institución judicial.

Existen, como se sabe, muchas formas de presionar a los jueces. Sin ánimo de explayarme en este oscuro catálogo, me referiré a un modo especialmente pernicioso: Las llamadas (amistosas o belicosas, pero igualmente intimidatorias) que desde las cúpulas del Poder se dirigen a los jueces con la declarada intención de inclinar la balanza. Y si esta intervención es irritante, además de ilícita, cuando están en juego intereses estatales, es sencillamente repugnante cuando interfiere en la resolución de conflictos entre particulares.
Las prácticas intimidatorias, todo hay que decirlo, no siempre dan sus frutos ya que, afortunadamente, “todavía hay jueces” en la Argentina. Pero, de tanto insistir, las llamadas a capítulo están dando paso a un estamento de Jueces temerosos, calculadores, que rehúyen las causas conflictivas, que ansían “zafar” buscando caminos para quitarse de encima asuntos que pudieran malquistarles con el Poder. Sin olvidar el caso de los jueces “rumbeadores” que no necesitan recibir llamadas para “saber” cómo agradar. Se trata de magistrados pusilánimes, incapaces de resistir a los poderosos, pero “valientes” para crucificar a quienes cayeron en desgracia o son identificados como enemigos del Poder de turno.

El subdesarrollo judicial
Luego de haber reseñado algunos de los vicios comunes a ciertos estamentos judiciales nacionales, me referiré brevemente a dos que son propios de la justicia de provincias (al menos de algunas de ellas): El amiguismo y el nepotismo. Y no solo para apuntar que los jueces suelen reclutarse entre amigos y parientes del poder de turno, sino para poner de manifiesto los privilegios e interferencias que emanan de las relaciones de amistad y parentesco entre jueces, abogados y litigantes.

La insólita figura del “abogado del Gobernador” (y no me refiero aquí al Fiscal de Estado) y de la subclase de “letrados con llegada al Gobernador”, es repudiable pues, como se sabe, cuando éste moderno “caballo del comisario” ingresa a los despachos judiciales, la Justicia y el ejercicio de la abogacía están en grave peligro.
Un párrafo especial merece el caso de Salta en donde el Gobernador, por efectos de la ley electoral que fabrica híper-mayorías, ejerce un amplio control sobre el Consejo de la Magistratura; un cuerpo cuya composición formal está, a mi modo de ver, lejos de satisfacer los objetivos de independencia y despolitización que son propios de una institución como esta. Cabe advertir, en este sentido, que el imprescindible y próximo rejuvenecimiento biológico de la justicia de Salta resultará opacado por la obediencia que la mayoría de este Consejo presta a los dictados del Gobernador.

Quisiera, antes de concluir esta nota, postular la imprescindible reforma del proceso judicial salteño. Y no me refiero aquí a la revisión de los códigos procesales, sino a la introducción de cambios que garanticen a todos por igual el acceso al servicio de justicia, que superen el actual trance de morosidad, y que concreten la creación de un fuero especializado en asuntos ambientales y urbanísticos.
En cualquier caso, la Argentina y Salta precisan un urgente retorno a la independencia del Poder Judicial. Solo así será posible controlar la constitucionalidad de los actos de gobierno, tutelar las libertades, el honor y el patrimonio de todos, y -en fin- garantizar la inmediata operatividad de la Constitución amenazada.

(Para "El Tribuno" de Salta)