jueves, 16 de agosto de 2012

La huelga en TRANSNOA


Más allá de las incomodidades que ocasionan a los ciudadanos y de los inconvenientes que acarrean a la producción, las huelgas expresan la existencia de trabajadores que, dejando atrás una malsana resignación, deciden ejercer sus derechos constitucionales. Por lo que se refiere al panorama local las huelgas recientes presentan algunas singularidades.  

La primera apunta a la precariedad de los servicios públicos encargados de prevenir y encauzar los conflictos. El Estado provincial carece de adecuadas herramientas de mediación y conciliación y, además, resulta prisionero del absurdo entramado nacional que regula las huelgas en los servicios esenciales.

En consecuencia, los conflictos se agravan y el Ministerio de Trabajo termina recurriendo a mecanismos contrarios al derecho de huelga, como es el caso de las multas millonarias que están aplicándose (en la Nación y en las provincias) a los sindicatos rebeldes.

En Salta hay, ciertamente, casos de huelgas abusivas. Pero existen también empresas incapaces de negociar las reivindicaciones de los trabajadores. Del lado empresario, la mezcla de paternalismo y autoritarismo produce situaciones explosivas.

Pero quiero referirme ahora a la huelga de larga duración que llevan adelante los trabajadores de la empresa TRANSNOA, para llamar la atención sobre dos de sus características. En primer lugar, el uso abusivo y fraudulento de la tercerización, una institución que, en los años noventa, se radicó entre nosotros para facilitar procesos de especialización de la producción.

Sin embargo, pronto, en Salta y en el resto del país, la tercerización degeneró en una vía de fraude. Muchas empresas la utilizaron y utilizan para eludir responsabilidades, para fragmentar a los trabajadores, para pagar salarios por debajo de lo que marcan los convenios colectivos. Llaman tercerización a lo que lisa y llanamente es un fraude a la ley.

La segunda característica del conflicto de la transportadora de energía tiene que ver con el papel asumido, al momento de la privatización, por la federación sindical oficial que se transformó en patronal y dio entrada a socios que se movían en la órbita sindical.

Esta enorme anomalía, sumada a la presencia de parientes del poder en el origen de aquella conformación empresaria, sirve ahora para pretender que los trabajadores de esta empresa no puedan ejercer su derecho de huelga. No puedan defender sus condiciones de trabajo, ni luchar contra despidos antisindicales. El argumento, absurdo, pretende que las huelgas solo pueden ser declaradas por los sindicatos oficiales.

Por supuesto la huelga a la que me refiero se enmarca dentro de la Constitución rectamente interpretada a la luz de los tratados internacionales. Las agresiones que están recibiendo los huelguistas deberían preocupar a todos los que creemos en la autonomía obrera y en la conexión que existe entre el derecho a la protesta, el bienestar general y el pluralismo democrático.
(Para FM ARIES - Salta)

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