domingo, 22 de julio de 2012

Indefensión ciudadana

En esta Argentina abrumada por un Gobierno omnipresente, los ciudadanos estamos, en realidad, indefensos. Una situación paradojal que es notoria en el caso de las recurrentes olas delictivas, pero que tiende a pasar desapercibida cuando nos referimos a la actuación de la Administración Pública en cualquiera de sus niveles.
Por consiguiente, la exuberancia del Gobierno coexiste con una acentuada debilidad de la Administración como entidad responsable de regular, controlar o prestar servicios esenciales: desde la seguridad a la salud, pasando por la educación, la preservación de la convivencia social y ambiental, el urbanismo o la justicia.

¿Tres o cinco poderes públicos?
En realidad, la fuerza que conservan las ideas de Montesquieu impide a muchos advertir que, al lado de los tres poderes tradicionales, el buen funcionamiento de la democracia reclama tanto la presencia de una Administración, eficaz y sometida a la Constitución y a la Ley, como la existencia de Órganos de control independientes de los gobiernos.
Nuestras Administraciones Públicas, incluida desde luego la salteña, son ineficaces y muchas veces no cuentan con lo elemental; vale decir, carecen de las reglas, de los recursos y de la aptitud para llevar adelante las inspecciones y las sanciones capaces de garantizar que las actividades de unos, en tanto y en cuanto colisionan con los derechos de otros, se desenvuelvan dentro del marco legal pensado para facilitar la convivencia civilizada.
Las altas autoridades de Gobierno están convencidas de que las Administraciones Públicas existen para responder a sus designios, a sus caprichos y a sus intereses electorales. Por eso las abarrotan de amigos y militantes, y han suprimido los concursos como vía de acceso a las direcciones, jefaturas y demás cargos del escalafón.
Mientras un Gobierno exuberante decide o condiciona nuestras decisiones acerca del consumo, del ahorro o del ocio, las Administraciones son incapaces de responder a nuestras demandas básicas de reglas y de controles.

Salta desarticuló el poder de inspección
Cuando alguien se decide a denunciar tala de bosques protegidos, saqueo o contaminación de ríos, construcciones fuera de norma, invasión del espacio público,  mal funcionamiento de los servicios, incumplimiento de las reglas antisísmicas u otra infracción a las normas, topa con una Administración paralizada por las influencias, el amiguismo o la corrupción. Tropieza también con la inexistencia de órganos especializados y aptos para la inspección y control.
Hay indicios abrumadores de que en la ciudad de Salta es posible construir grandes edificios sin sujeción a las normas. Basta con “tener llegada” a los centros del poder o capacidad para seducir al funcionario encargado del trámite.
La desarticulación del Ministerio de Ambiente de la Provincia es otra muestra del designio del actual Gobierno de dejar hacer y dejar pasar a todo aquel que se decide a especular con el suelo urbano o rural, o hacer pingues negocios economizando a costa de la seguridad y del ambiente.
El argumento ideológico es brutal y rudimentario: “la destrucción de bosques, ríos y ciudades crea empleo y riqueza, por lo tanto hay que fomentarlos”. Hacer la vista gorda remite nuestra seguridad eléctrica o sísmica a la ley de probabilidades y deja la supervivencia de la ciudad y de sus habitantes en manos de nuestros santos patronos.
La morosidad de la Justicia (para no citar la inexistencia de fueros especializados en derechos fundamentales, o en asuntos ambientales y urbanísticos), termina por convalidar las actuaciones de aquella pinza que forman los favores políticos y la corrupción y que tanto nos perjudica como ciudadanos.  
La configuración de un moderno Estado Social reclama la existencia de regulaciones claras y de inspecciones orientadas a garantizar que todos actuemos dentro de pautas que hacen a la convivencia.
Pienso que los intentos realizados en Salta para revertir este estado de cosas (creación de Defensorías del Pueblo o de Entes Reguladores) han fracasado estrepitosamente; en unos casos por la indebida injerencia del Gobierno, y en otros, por la ausencia de recursos de inspección, y de intervenciones judiciales imprescindibles para hacer de nuestra Provincia un Estado Democrático de Derecho.
La intencionada desarticulación del Estado Inspector está en la raíz de muchos de nuestros problemas presentes y futuros. Los insatisfechos y los indignados salteños (pocos o muchos) deberíamos esforzarnos por poner fin a las lacras del favoritismo, la improvisación, el nepotismo, la discrecionalidad o el decisionismo y, quizá, impulsar la creación de una Superintendencia de Servicios de Inspección.
Todo un desafío para quienes actuamos en el ámbito de lo que nuestro Bernardo Solá llama la civística, un territorio vecino pero distinto al de la política.

(Para "El Tribuno" de Salta).

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