viernes, 15 de julio de 2011

Huelga docente abusiva

Los alumnos de las escuelas públicas de Santa Cruz han perdido casi 60 días de clases a raíz de una enconada huelga docente, que acaba de ser suspendida por los sindicatos convocantes.

Estamos, como resulta de toda evidencia, ante una huelga que ocasionó irrecuperables perjuicios a los niños. La medida sindical constituyó, en mi opinión, un atentado al derecho fundamental a la educación que se prologó día tras días ante la pasividad o incompetencia de los poderes públicos.

Si bien los huelguistas santacruceños se mostraron recalcitrantes, llegando incluso a bloquear los pozos petrolíferos dañando la producción y el abastecimiento, parece evidente la responsabilidad de los Gobiernos nacional y provincial que han fracasado doblemente.

En primer lugar, en su deber de negociar de buena fe y lograr un acuerdo que superara el conflicto colectivo en un tiempo razonable. Y, en segundo lugar, en su obligación de preservar el derecho fundamental a la educación.

En su deriva favorable al monopolio sindical y forzado por sus compromisos políticos con el sector liderado por el señor Hugo Moyano, el Gobierno de la Nación mantiene a rajatabla la peregrina teoría de que la educación pública no es un servicio esencial.

Por tanto y según la doctrina oficial de la década, el Gobierno no puede intervenir en un conflicto de estas características para obligar la prestación de servicios mínimos, ni, menos, para poner fin a la huelga imponiendo un arbitraje obligatorio.

Si el Gobierno pensaba que la demanda salarial de los docentes santacruceños era razonable, debió forzar un acuerdo. Si por el contrario estimaba que la reivindicación era abusiva, estaba obligado a intervenir para regularizar el servicio educativo público, en resguardo del interés de los alumnos constitucionalmente tutelado.

En este sentido, pese a que, como dije, la ley vigente no incluye a la educación dentro de los servicios esenciales, el Gobierno, atendiendo a la duración del conflicto y a los severos daños ocasionados al derecho fundamental a la educación, debió dar intervención a la Comisión de Garantías a fin de que esta calificara excepcionalmente al servicio educativo de Santa Cruz como esencial, habilitando las vías de intervención estatal.

En cualquier caso, tamaña huelga deja al menos una conclusión: El régimen de intervención pública para garantizar los servicios esenciales creado por la Ley 25.877 de 2004, es inadecuado.

Por tanto, el Congreso de la Nación deberá, ahora o más tarde, introducir las reformas que, sin violar el derecho constitucional de huelga ni los criterios del Comité de Libertad Sindical de la OIT, tutelen otros derechos fundamentales y garanticen el mantenimiento de los servicios esenciales en caso de huelga.

martes, 12 de julio de 2011

Un acierto sueco: Cerrar embajadas

He tenido ocasión de conocer muchas embajadas. Algunas por dentro. Otras por fuera. Y a medida que las conocía en profundidad y que, en paralelo, se consolidaban las nuevas tecnologías de las comunicaciones, empecé a sospechar que se trataban de un anacronismo, de un despilfarro burocrático, de un resabio del nacionalismo soberanista.

Solamente si se suprimieran los cócteles, las recepciones y los viajes inútiles (o sea, la mayoría de ellos), las naciones ahorrarían fortunas. Hoy, gracias a Internet y a herramientas como la firma electrónica, casi todos los trámites de extranjería y de seguridad social internacional pueden realizarse a distancia. Las video conferencias hacen superfluos viajes de altos cargos y del séquito que invariablemente les acompaña.

Los servicios de información, secretos o públicos, radicados en cada embajada son comentaristas de lo obvio o espías encubiertos que ofenden al país de acogida. En cualquier caso, las legítimas inquietudes científicas y culturales resultan mejor atendidas por académicos, doctorandos y universitarios que investigan construyendo puentes de libertad y amistad.

Si los nacionales de varios países se anoticiaran de cuántos sindicalistas, empresarios, políticos, legisladores y funcionaron viajan anualmente a Ginebra con el pretexto de asistir a reuniones de organismos internacionales, munidos del preceptivo pasaporte diplomático, seguramente estallaría la furia. Sobre todo si dispusieran de información acerca de las yutas que se hacen los viajeros pagados con fondos públicos.

La majestuosidad de las embajadas y la suntuosidad de las residencias de embajadores, antiguos símbolos del poder y de los privilegios, resultan, además de inútiles, un insulto a los principios republicanos o a la sobriedad de una monarquía democrática.

Esos elementos de lujo oriental, además de impactar en el presupuesto, producen un efecto adicional: Turban a los arribistas y marean a los profesionales del servicio exterior que suelen abusar de su poder persiguiendo a mucamas y choferes, como lo muestran los repertorios de juicios laborales contra las embajadas de casi todos los países en cualquier lugar del mundo.

Los ciudadanos que viajan por el mundo o que residen en el exterior son testigos de la generalizada inutilidad de los servicios consulares. En caso de catástrofes, el Embajador siempre está fuera de la sede; si la policía expulsa a emigrantes, el cónsul se declara incompetente; si usted trabaja en el exterior y pretende hacer un trámite consular tropezará con horarios de vagos; si necesita legalizar documentos deberá pagar tasas y honorarios exorbitantes.

En resumen: Ojalá muchos países imitaran a los suecos que acaban de cerrar su embajada en Buenos Aires. Aceleraríamos nuestro viaje hacia un mundo sin fronteras y nos ahorraríamos unos pesitos.