viernes, 4 de marzo de 2011

Foros de participación y control

Continuando con el tema de mi anterior columna, desarrollaré aspectos de la participación ciudadana en asuntos públicos. Si bien esta participación es un derecho cívico que surge de la forma republicana de gobierno y de cláusulas de la Constitución, su concreción requiere de una organización y de un cauce que la vincule con los poderes públicos. Mientras la organización depende, en gran medida, de la iniciativa de los ciudadanos, la construcción de un cauce participativo demanda un acto de voluntad del Estado, aun cuando esta voluntad pueda ser impelida por la movilización cívica.

La creación de “foros participativos” en unidades administrativas menores (por ejemplo, en una Comisaría o en una Municipalidad) implica el funcionamiento estable de un ámbito de encuentro donde las autoridades y los ciudadanos intercambian iniciativas, propuestas y críticas, y mejoran el aprovechamiento de los recursos. Los funcionarios han llegado a sentirse cómodos con las críticas y se muestran impasibles ante las mismas, pues saben que desde Las Costas se sostiene a los leales por muchas críticas que reciban. Pero se inquietan cuando esas críticas vienen acompañadas de acciones de participación, control y difusión pública.

Las “cartas de servicio”, que han aprobado varias reparticiones de la Provincia, constituyen otra oportunidad de participación, en la medida en que el Gobierno abandone el enfoque unilateral y burocrático elegido. Los ciudadanos, a través de los colegios profesionales y de otras organizaciones no gubernamentales, deberíamos exigir que estas Cartas se elaboren con nuestra participación directa, y que las mismas instituyan ámbitos permanentes de control. Al fin y al cabo, tales Cartas no son sino compromisos de la Administración con los ciudadanos respecto de la extensión y calidad de los servicios públicos que prestan.

En materia de control, y dejando de lado el relevante debate acerca de la idoneidad e independencia de los actuales sistemas de auditoria, pienso que los ciudadanos deberíamos constituir asociaciones autónomas especializadas para controlar, por ejemplo, a los Intendentes, al señor Gobernador, a los Directores de reparticiones. Frente al control a cargo de entes estatales o derivado a consultoras privadas, está la posibilidad de crear instancias cívicas independientes y próximas al ente controlado. Claro que para que esto funciones, el Gobierno de Salta debe abandonar su estilo autocrático y su oscurantismo y facilitar una Ley de Acceso a la Información Pública.

Una vez abierto el cauce participativo, queda por delante la gigantesca tarea de establecer planes y programas que organicen la interacción entre la Administración y los ciudadanos, con vistas a encontrar soluciones y canalizar las inquietudes colectivas de estos. Pero en esto, cuando existe una cultura democrática en ambos lados, se hace camino al andar.

martes, 1 de marzo de 2011

Vecinos del mundo, ¡uníos¡

Cuando nos surge una necesidad colectiva o tenemos problemas públicos unos se resignan, otros protestan pero renuncian a la acción constructiva, y muchos se sientan a esperar que alguien provea, desde el más allá o desde el todopoderoso gobierno. Tres actitudes típicamente salteñas que sólo generan desencanto individual, pesimismo y atraso social.

Existen vías menos exploradas, como es el caso de la organización ciudadana para defender derechos, crear cauces de autogobierno, y coordinar comportamientos responsables. Huyendo del espeso campo de la teoría, me detendré en los problemas vecinales y en las nuevas (y no tan nuevas) formas de encararlos.

Si bien existe una tradición organizativa en materia de centros vecinales, pienso que en Salta el movimiento es todavía débil y poco eficaz. Una debilidad que hay que atribuir tanto a la negligencia de la mayoría de los vecinos que no participa en la vida ni en el financiamiento de los centros, como al desprecio olímpico que los gobiernos sienten por estos centros a los que intentan convertir en colectoras de votos.

Su relativa ineficacia tiene que ver con los medios escasos de que disponen y también con la escasa preparación de los dirigentes en las técnicas de participación, negociación, comunicación y control. Para dialogar con el Municipio o con la Provincia, los centros vecinales precisan de conocimientos técnicos, jurídicos, económicos y administrativos que no siempre están a su alcance.

Pero aquella relativa ineficacia está provocada también por la ausencia de canales formales de participación y de control; vale decir, de cauces que vinculen las organizaciones sociales con los entes estatales. Faltan canales y también normas que obliguen a las burocracias a abrirse a aquella participación vecinal y social.

Allí donde los vecinos aciertan a organizarse respetando los principios de apoliticidad, solidaridad, democracia interna y publicidad de sus actos, se inicia un proceso llamado a incomodar a los mandamases. Cuando se dan una mínima estructura abierta a la participación de todos y cerrada a los personalismos, cuando cuentan con voluntarios que conocen los problemas y que disponen de tiempo para la vida societaria, muchos de los problemas públicos y de las necesidades colectivas encuentran nuevas vías de tramitación. Los vecinos ganan cuotas de autonomía, su poder de presión se amplifica tanto como su capacidad de control.

Sólo hay que atreverse a recorrer el camino, a sortear dificultades y trampas, a pensar el Estado en términos de democracia. Tenemos que animarnos a ver en los gobernantes no dioses todopoderosos, sino mortales representantes obligados a atendernos, a admitir controles y críticas.

Cuando el movimiento vecinal se topa con sultanes o autócratas, puede que la tarea sea un poco más complicada, pero con tenacidad e inteligencia, los resultados comienzan a aparecer.