Continuando con el tema de mi anterior columna, desarrollaré aspectos de la participación ciudadana en asuntos públicos. Si bien esta participación es un derecho cívico que surge de la forma republicana de gobierno y de cláusulas de la Constitución, su concreción requiere de una organización y de un cauce que la vincule con los poderes públicos. Mientras la organización depende, en gran medida, de la iniciativa de los ciudadanos, la construcción de un cauce participativo demanda un acto de voluntad del Estado, aun cuando esta voluntad pueda ser impelida por la movilización cívica.
La creación de “foros participativos” en unidades administrativas menores (por ejemplo, en una Comisaría o en una Municipalidad) implica el funcionamiento estable de un ámbito de encuentro donde las autoridades y los ciudadanos intercambian iniciativas, propuestas y críticas, y mejoran el aprovechamiento de los recursos. Los funcionarios han llegado a sentirse cómodos con las críticas y se muestran impasibles ante las mismas, pues saben que desde Las Costas se sostiene a los leales por muchas críticas que reciban. Pero se inquietan cuando esas críticas vienen acompañadas de acciones de participación, control y difusión pública.
Las “cartas de servicio”, que han aprobado varias reparticiones de la Provincia, constituyen otra oportunidad de participación, en la medida en que el Gobierno abandone el enfoque unilateral y burocrático elegido. Los ciudadanos, a través de los colegios profesionales y de otras organizaciones no gubernamentales, deberíamos exigir que estas Cartas se elaboren con nuestra participación directa, y que las mismas instituyan ámbitos permanentes de control. Al fin y al cabo, tales Cartas no son sino compromisos de la Administración con los ciudadanos respecto de la extensión y calidad de los servicios públicos que prestan.
En materia de control, y dejando de lado el relevante debate acerca de la idoneidad e independencia de los actuales sistemas de auditoria, pienso que los ciudadanos deberíamos constituir asociaciones autónomas especializadas para controlar, por ejemplo, a los Intendentes, al señor Gobernador, a los Directores de reparticiones. Frente al control a cargo de entes estatales o derivado a consultoras privadas, está la posibilidad de crear instancias cívicas independientes y próximas al ente controlado. Claro que para que esto funciones, el Gobierno de Salta debe abandonar su estilo autocrático y su oscurantismo y facilitar una Ley de Acceso a la Información Pública.
Una vez abierto el cauce participativo, queda por delante la gigantesca tarea de establecer planes y programas que organicen la interacción entre la Administración y los ciudadanos, con vistas a encontrar soluciones y canalizar las inquietudes colectivas de estos. Pero en esto, cuando existe una cultura democrática en ambos lados, se hace camino al andar.
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