viernes, 22 de octubre de 2010

Policia y ciudadanos, unidos para la seguridad

Carecemos los salteños de encuestas de opinión que muestren la evolución de nuestras preferencias y preocupaciones. Sin embargo, es muy probable que la seguridad (o su ausencia) figuren en un lugar destacado; bien sea porque crece el número de delitos, bien por influencia de la televisión que nos anoticia minuto a minuto de la ola criminal que se abate sobre Buenos Aires.

En cualquier caso, los salteños y porteños preocupados por vivir en paz carecemos de ideas que nos permitan aliviar tensiones, de propuestas que nos muestren un futuro mejor en materia de seguridad. Estamos prisioneros dentro de un triángulo que forman los mensajes del Gobierno (que pretenden minimizar el problema), la impericia de la oposición (que se muestra incapaz de superar el estadio infantil de las quejas que miran para otro lado) y las incesantes noticias de robos, secuestros, asesinatos, cortes de calles, suicidios, violencia familiar, comercio de drogas, delitos medioambientales.

El ciudadano común, desorientado, busca responsabilidades unas veces en la pobreza extrema o en los asentamiento, a veces en el llamado garantismo judicial, otras en la drogadicción, cuando no en la corrupción o ineficacia policiales.

Es probable que todos estos hechos contribuyan de alguna manera a potenciar el delito y alienten el clima de temor y desasosiego ciudadanos. Pero quisiera aportar otro punto de vista, ciertamente personal.

El crecimiento del delito y del temor tiene mucho que ver con la ideología que alienta el divorcio entre los ciudadanos y sus fuerzas de seguridad; que desacredita a la policía; que se niega a organizar los derechos de las víctimas y de los victimarios en orden a la paz ciudadana; que tolera la protesta cuando se expresa por medios ilegales; que priva a los cuerpos de seguridad de instrumentos para luchar contra el delito. Estoy convencido que este y muchos de los anteriores gobiernos adhieren a esta ideología perversa que tiene a equiparar orden democrático con represión dictatorial.

En el ámbito más próximo, esta ideología se ve alimentada por la errónea creencia ciudadana de que la Policía de la Provincia de Salta comparte los vicios de la policía bonaerense. Los salteños tendríamos que mirar con ojos más atentos a la realidad que nos circunda. Y, contraviniendo aquella ideología dominante, acercarnos a nuestra policía, organizar la cooperación vecinal con la fuerzas del orden, exigir al Gobierno respeto a sus servidores y mayor esfuerzo presupuestario, solidarizarnos con los policías víctimas del delito.

Contamos, afortunadamente, con una buena policía que, de todos modos, reclama modernización, formación profesional, acceso a las nuevas tecnologías, protocolos de actuación, así como la remoción de los obstáculos que le impiden prevenir eficazmente el delito. Todo ello en el marco de un Programa de Seguridad que debería ser consensuado entre las principales organizaciones políticas y sociales.

jueves, 21 de octubre de 2010

Doña Hebe

La madre adoptada por el anterior jefe del Estado, notoria por sus apelaciones al odio y a la violencia como elementos presuntamente purificadores de la vida de las naciones, acaba de expresar su opinión acerca de la justicia, de nuestra Corte Suprema y de los jueces que la integran.

Las frases vertidas por la Rectora honoraria de una Universidad privada porteña, conforman un auténtico ideario antidemocrático. Añadiré que esta opinión en nada colisiona con el respeto y consideración que siento por la tarea que las Madres de la Plaza de Mayo llevaron adelante en tiempos de la feroz dictadura militar de los años 70; sin embargo, pienso que ese papel histórico no autoriza a ninguna de ellas a propiciar acontecimientos vejatorios del orden republicano

Discrepo, en este sentido, con quienes optaron por subestimar tales declaraciones calificándolas de intrascendentes o resabidas. Entiendo que no resulta prudente despachar con superficialidad unas manifestaciones hechas por alguien tan cercano al núcleo duro del poder político de la Argentina contemporánea. Hay quienes piensan que la señora Rectora honoraria usó de su derecho a opinar, un derecho que ella no dudaría en privar a los portadores de ideas diferentes. Otros entienden que abusó de la libertad de opinar que, como todas las libertades públicas, reconoce límites que preservan derechos de igual o superior jerarquía.

Mientras este conflicto de interpretación se sustancia en los tribunales, es bueno repasar las repercusiones de aquellas deplorables manifestaciones. Y no me referiré aquí a las obvias simpatías que sus palabras despertaron en el extenso entorno presidencial, ni a los rechazos que provocaron en ámbitos judiciales o en ciertos círculos de la oposición.

Prefiero llamar la atención sobre algunos silencios notorios, que unas veces son frutos de complicidades ideológicas y otras del temor que despiertan los profetas del odio. Y deplorar el inexplicable silencio de varios Colegios de Abogados instituciones que, además de tutelar derechos y estatutos de los colegiados, deberían estar en la primera línea de defensa de la independencia de los jueces. Bien es verdad que los abogados, en ocasión de elegir nuestros representantes ante el Consejo de la Magistratura, nos hemos pronunciado mayoritariamente en favor de esta independencia.

Antes de finalizar quisiera referirme al significado de la palabra turro, usada por la señora Rectora honoraria. Desbordando el tímido significado que le atribuye la Real Academia Española, para quién un turro es un tonto o un opa, doña Hebe eligió su significado más duro, barriobajero y vulgar propio de las zonas profundas de la lunfardía, en donde un turro es un tramposo y un sinvergüenza.

No es conforme al orden constitucional que el Presidente de la República, ni los Gobernadores, ni sus epígonos condicionen a los jueces, bien sea al momento de su elección, bien en el momento de ejercer su alta magistratura. El actual gobierno nacional tiene, en este sentido, pésimos antecedentes, entre los que sobresalen el desplazamiento ilegal de jueces y la utilización de su perdida mayoría en el Consejo de la Magistratura para disciplinar jueces, convalidar decisiones contrarias a las leyes, y perseguir a quienes no se someten a sus designios.

(Para FM Aries)