Carezco de toda simpatía por la ley del talión. Tanto en su versión clásica ("ojo por ojo, diente por diente"), como en cualquiera de sus versiones modernas. Señaladamente por aquella que reza "persigo y daño mientras pueda a aquel que me persiguió y daño mientras pudo".
En realidad, esta antigua ley es expresión burda de la venganza y del odio individual o grupal. La versión moderna que cito, añade un elemento más de crueldad: la pretensión de ejercer la venganza eternamente o, al menos, mientras lo permitan las circunstancias fácticas o políticas.
Vale decir tan antipática ley pregona, además, la desaparición del instituto de la prescripción en un cruel intento de plasmar en el ordenamiento legal el odio infinito.
Se trata, a mi modo de ver, de la simple y llana abolición de todo el derecho penal moderno y, como tal, parece anclada en pequeños círculos o anida en individuos poseídos por la ira tan infecunda como peligrosa.
Sin embargo, todas las alertas cívicas deben encenderse cuando la Ley del Talión se instalada en un gobierno o amenaza con intoxicar a la administración de justicia de los modernos estados democráticos y de derecho.
La reciente detención preventiva del ex ministro de la dictadura, doctor José Alfredo Martínez de Hoz, reclamada por la más alta magistratura ejecutiva (en abierto desprecio a la división de los poderes) y dispuesta por un juez federal, suena a cruel y tardía venganza, como lo ha explicado el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aíres, en declaración que no puedo menos que compartir.
Quizá sea preciso advertir que nada, ideológico, histórico o político, me une al detenido. Me separan del doctor Martínez de Hoz su activa y determinante adhesión al golpe militar de 1976, su política económica, laboral y sindical, su silencio frente a los crímenes aberrantes cometidos en sus tiempos de ministro.
Pero no puedo asistir en silencio al espectáculo que brindan los ocasionales triunfadores de la atroz guerra desatada en los años 70 abusando del poder para castigar a sus enemigos de entonces y de ahora.
Extraño "progresismo" este que nos gobierna convencido de la necesidad y bondad de implantar un derecho penal fundado en el odio para los vencidos y otro derecho penal benigno para los vencedores.
Soy de los que piensan que los militares liderados por la Junta de 1976, además de sus crímenes, arrastran la responsabilidad de haber derrocado a un gobierno -malo, pero constitucional-, plegándose, en ambos casos, a la lógica salvaje de quienes ejercieron el terrorismo con la pretensión de imponer sus ciertamente pobres ideas.
Cuando los militares de brazo armado de la república se transformaron en dictadores, cuando de soldados de la ley se rebajaron al secuestro y la tortura, hicieron un daño inconmensurable a la Nación y a la institución Fuerzas Armadas. Su fracaso comenzó, precisamente, cuando se plegaron a los métodos que decían combatir.
De allí que la democracia no pueda ni deba pagar con la misma moneda a quienes despreciaron la ley. El doctor José Alfredo Martínez de Hoz, más allá de su ideología y de su historia, merece todas las garantías del Estado democrático de derecho.
No hay comentarios:
Publicar un comentario