Según la Real Academia de la Lengua el término “engaña pichanga” describe a aquellas cosas que defraudan con su apariencia. En el terreno de las prácticas políticas la frase nombra a ciertas medidas que aparentan ir en una dirección pero encubren los reales propósitos de las autoridades.
El publicitado anuncio hecho por el señor Gobernador de la Provincia de transferir a los Intendentes Municipales la gestión de las ayudas sociales es una verdadera engaña pichanga. Lo es, al menos cuando se presenta la medida como “el no va más” de la transparencia; como el golpe de muerte al clientelismo.
En realidad, lo que ha hecho don Juan Manuel Urtubey no es sino retocar o reestructurar su ahora poderoso aparato político-electoral, movido como se sabe con recursos que directa o indirectamente salen del Estado.
Decir que el clientelismo acaba cuando la distribución de las ayudas sociales pasa a manos de los Intendentes es una afirmación pensada para engañar a los pocos bobos que aún quedan en Salta.
Pues como todo el mundo sabe, son precisamente los Intendentes los más eficaces y directos agentes del clientelismo. Son ellos, sobre todo en las localidades chicas y medianas, quienes conocen a los pobres; saben dónde viven y qué hacer para movilizarlos a votar o a vivar al Gobernador de turno.
Son ellos, los Intendentes, quienes administran premios y castigos dentro del universo de pobres. Los que confeccionan listas negras y fidelizan hasta límites insospechados a quienes dependen de un subsidio, de una bolsa de alimentos, de una beca o del acceso a un plan social.
De modo que la medida de nuestro Primer Mandatario, lejos de la intención que pregona, apunta a consolidar la pirámide de poder que lo tiene en su vértice y cuya base son los Intendentes que, ahora más que antes, le guardarán transitoria fidelidad.
La distribución de las ayudas que hacen los Intendentes no sólo consolida las bases del clientelismo, sino que ratifica la condena a los pobres a peregrinar en oficinas donde reinan la discrecionalidad y las malas prácticas.
Como muestra de ineficacia, mencionaré el caso de un Municipio con 5.000 habitantes (el 40% de los cuales es pobre) cuya “oficina social” cuanta con un único asistente que atiende 3 horas a la semana y que demora más de 6 meses para dar el número de expediente a los ancianos que procuran una pensión asistencial. Vale decir, Los servicios sociales municipales siguen siendo tan rudimentarios como arbitrarios.
Mal que le pese al señor Gobernador, en lo que va de su gestión, poco y nada han mejorado las políticas sociales. Su objetivo no ha variado: asistir a los pobres, pero manteniéndolos excluidos de la plena ciudadanía y de la dignidad del trabajo, cultivándolos como masa de maniobra electoral.
(Para FM Aries)
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