viernes, 7 de agosto de 2009

Consejo Económico y Social

De un tiempo a esta parte, la idea de la concertación ronda en la cabeza de muchos políticos argentinos. Sin embargo, nadie ha logrado traducirla en acuerdos concretos.

En realidad, nuestra cultura política, en sus capas más profundas, privilegia los radicalismos, las intransigencias, las vocaciones hegemónicas.

La concertación democrática reclama códigos, buena fe, talante negociador, y rechaza la supremacía del interés mezquino, la táctica del golpe de mano, la manipulación del adversario.

No hay concertación posible allí donde quién gobierna descalifica a la oposición o pretende someter a empresas y trabajadores. No la hay tampoco donde cualquier concesión es vista como una dejación de la autoridad.

El reciente y frustrante diálogo del Gobierno de la Nación con los representantes del campo, es una buena muestra de lo que no debe hacerse si se desea sinceramente alcanzar acuerdos constructivos.

No solamente por la mora del Gobierno en convocar a la Mesa de Enlace, sino por su decisión de presentar una propuesta cerrada, con un “esto es lo que hay”, mas allá de que esa propuesta contuviera algunas pocas de las medidas sectoriales que viene reclamando el campo.

Los desbordes de la Unión Obrera Metalúrgica y, en paralelo, la cerrazón del sector empresario que hasta haco poco integró la coalición gobernante, son otros tantos ejemplos de desconocimiento en materia de consenso y de sus ceremonias.

Los Consejos Económicos y Sociales, como explicó Dr. Santos Jacinto Dávalos en su reciente conferencia en COPAIPA, plena de brillo y erudición, son alternativa institucionl válida para generar consensos.

Pese a ello, los Gobiernos nacional y provincial demoran su puesta en marcha o imaginan diseños que les garanticen el control sobre estos institutos de rango constitucional.

(Para FM Aries)

jueves, 6 de agosto de 2009

Aqui cabemos todos

La Argentina, tras sucesivas dictaduras, inició varias transiciones hacia la democracia que dieron paso a las Presidencias de Juan Domingo Perón (1946), Arturo Frondizi (1958), Arturo U. Illia (1963), Héctor Cámpora (1973) y Raúl Alfonsín (1983).

Muchas fracasaron al no haber logrado pacificar los espíritus ni asentar los equilibrios fundamentales.

Afortunadamente, la transición iniciada hace ahora 26 años puede considerarse exitosa, pese a los nubarrones que, de tanto en tanto, aparecen sobre nuestra economía; a las turbulencias que sacuden a nuestra estructura social; y a nuestra incapacidad para cerrar definitivamente el capítulo mas sangriento de nuestra historia contemporánea.

La opinión pública argentina y la llamada clase dirigente, recuerdan con admiración el proceso a través del cual los españoles llegaron a la democracia y solventaron las consecuencias de la guerra civil, incluso las más trágicas.

Se impone entonces una pregunta casi obvia ¿Cómo es posible que los españoles hayan hecho tan rápido y tan bien lo que a nosotros está costándonos tanto?

Las razones son, a mi modesto entender, muchas e intrincadas. Me referiré sólo a aquellas que tienen que ver con lo que me atrevería a llamar las emociones dominantes.

En este sentido, mientras que en la Argentina hizo y hace furor una de las mas desafortunadas frases del General Perón (al amigo, todo; al enemigo, ni justicia), la transición española fue desarrollándose dentro de un clima que expresan bien una canción emblemática en los años 70: “Libertad sin ira”, y aquella frase cantada por Víctor Manuel: “Aquí cabemos todos, o no cabe ni dios”.

Entre nosotros, la intolerancia disfrazada con ropajes diversos, el “ordeno y mando”, la aversión a lo distinto, y el sectarismo excluyente tienen aún demasiado peso en el escenario mayor de la política.

(Para FM Aries)

martes, 4 de agosto de 2009

El precio del gas

Los salteños, según se dice, somos grandes conversadores y encendidos analistas políticos. Pero no somos afectos a los números.

La vida política local gira alrededor de lealtades y tradiciones, del ditirambo y la diatriba, de amores y odios tribales, en un escenario repleto de pechadores, expertos en marketing y prometedores profesionales.

Quizá por esto tomamos a la ligera las cifras económicas; nos desentendemos de los datos que produce y de los que omite nuestra Dirección de Estadísticas; o eximimos al señor Gobernador de mayores cuestionamientos por los resultados económicos de sus decisiones políticas. Y no aludo aquí a los resultados que permanecen ocultos o cuya evaluación es tarea de especialistas.

Me refiero a uno de los temas centrales para los salteños: el precio de los hidrocarburos que se extraen de nuestro suelo.

Pues bien. Cuando días atrás el doctor Urtubey firmó con la señora Presidenta un Acta sobre el precio del gas, guardó silencio sobre la deuda que la Nación tiene con Salta como consecuencia de 6 años de manipulación del precio de nuestros hidrocarburos.

Más aún, aplaudió cuando doña Cristina Fernández agradeció el aporte (en realidad, el expolio) de 30.000 millones de pesos que durante esos 6 años realizaron las provincias productoras de gas y petróleo al mantenimiento de “su” modelo. Un aporte mas que las áreas pobres hacen a las zonas ricas del país.

¿Qué sucedió en ese tiempo? Muy sencillo: La Nación impuso un precio del gas diez veces inferior al que la Argentina paga a Bolivia, desalentando las inversiones y el empleo en las zonas gasíferas y liquidando regalías de miseria. Ayudó así a los industriales y a los consumidores, ubicados mayoritariamente en Buenos Aires, y perjudicó a las provincias productoras.

Mientras el Gobernador de Neuquén defiende los intereses de los neuquinos y obtiene reconocimientos, el nuestro convalida una cesión graciosa de 600 millones de pesos dañando a nuestros paisanos de Orán y de San Martín y a todos los salteños.

(Para FM Aries)

lunes, 3 de agosto de 2009

Nuestro pobre Estado de derecho

Decidamos o no emprender la transformación del modelo productivo argentino (creado en los años 30, consolidado en los 40 y con el que convivimos hasta hoy), nuestro país y nuestra provincia deberían cubrir el enorme déficit de legalidad que padecemos.

No me referiré ahora al vicio de incumplir leyes o a la pasión por crear y mantener un segundo orden de reglas truchas. Tampoco a la deficiente interpretación que de las leyes hacen ciertos gobiernos y jueces.

Me propongo abordar hoy los vacíos legales que fomentan actuaciones discrecionales que violan derechos fundamentales. Lo haré reseñando tres casos que afectan al ordenamiento jurídico provincial y municipal.

El primero está protagonizado por la Dirección de Rentas que, amparándose en resoluciones de rango insuficiente dictadas bajo el gobierno anterior, ordena a los Bancos retener de las cuentas de los ciudadanos adelantos del Impuesto a las Actividades Económicas. Una suerte de embargo sin ley y sin intervención judicial.

El segundo vacío afecta al sistema provincial de contrataciones creado por la Ley 6.838, que se dictó en 1995 siguiendo las recomendaciones de un comité de expertos. Desde entonces, la Provincia elude la creación del Tribunal de Contrataciones, órgano de composición mixta, encargado de un primer control de licitaciones y compras.

El tercer vacío normativo elegido para ilustrar mi alusión al déficit de legalidad que padecemos, es el que se verifica en los Municipios pequeños y medianos, en donde unas veces por inexistencia de ordenanzas y otras por la inexistencia de boletines oficiales locales, los vecinos sufren restricciones de derechos elementales.

Mientras se nos presenta la oportunidad de comenzar a construir aquel nuevo modelo productivo, bien podríamos aprovechar el tiempo de nuestros legisladores y concejales (y la cantidad de asesores que tan generosamente contrata el Gobierno) para cubrir estas y todas las lagunas de nuestro ordenamiento jurídico.

(Para FM Arires)