miércoles, 12 de julio de 2017

EMPLEO Y NEGOCIACION COLECTIVA EN SALTA


José Armando Caro Figueroa

Director de Caro Figueroa Abogados

Según datos fiables, del millón doscientas mil personas que habitan la provincia de Salta trabajan 500.000. De ellos, 110 mil son empleados públicos y 124.000 tienen un empleo registrado en el sector privado. El resto son cuentapropistas o trabajadores en negro.

Tamaña escasez de empleo privado en blanco tiene, sin duda, múltiples causas.

Algunas, se vinculan con la trayectoria histórica de nuestro aparato productivo y con la decadencia de la educación y la formación profesional. Otras, con el marco nacional dentro del cual se desenvuelve la economía provinciana, cuyo diseño institucional es inadecuado o contiene incentivos perversos o insuficientes.

Antes de avanzar, conviene recordar dos aspectos: a) Que buena parte de aquellos 124.000 trabajadores en blanco se desempeñan en 30 empresas agroindustriales, mineras, agropecuarias, turísticas, industriales y de servicios; y b) Que esos trabajadores están representados por no más de 20 sindicatos con personería gremial[1].

La negociación colectiva laboral en Salta

Las consideraciones que siguen parten de la convicción de que el diálogo entre empleadores y trabajadores y los acuerdos colectivos que de este diálogo se derivan, cumplen un papel central y positivo en la evolución de las inversiones, del empleo, la productividad y, desde luego, del bienestar social.

Una convicción que, ciertamente, discrepa de los postulados anti obreros y anti sindicales que propugnan la individualización de las relaciones de trabajo y promueven el autoritarismo patronal.

Cuando nos detenemos a analizar el núcleo del empleo salteño privado y en blanco, surge un dato sorprendente: En este universo de trabajadores, empleadores y sindicatos, se registran sólo tres o cuatro Convenios Colectivos de Trabajo de ámbito provincial; con el añadido de que ellos[2] suelen negociarse en la ciudad autónoma de Buenos Aires.

Esta pobreza de la negociación colectiva laboral tiene que ver, en primer lugar, con el vetusto diseño del sistema argentino de relaciones de trabajo, construido alrededor de la Argentina industrial de la primera mitad de siglo XX, cuando las fábricas se asentaban en el cinturón industrial de Buenos Aires y los trabajadores del Norte (“cabecitas negras”) emigraban en busca de oportunidades.

Los industriales porteños y los vértices sindicales se las ingeniaron para absorber y conservar todo el poder representativo e instaurar instituciones “unitarias”.

Un recorrido por el mapa sindical salteño revela que de las veinte (20) organizaciones obreras que representan a los trabajadores en blanco de la actividad privada, catorce tienen la forma “unión”, doce se integran en “federaciones” y dos o tres son sindicatos “de empresa”.

Como se sabe, en las “uniones” todo el poder representativo y negocial reside en la cúpula, razón por la cual las secciones salteñas están condenadas a tareas burocráticas o societarias. Pero el caso de Salta es aún mas preocupante pues incluso los sindicatos locales con personería gremial que, al estar federados, conservan su aptitud para negociar no han hecho uso de esta facultad que les otorga la legislación vigente[3]. 

Dentro del mundo empresarial el panorama es igualmente contrario a la autonomía de las cámaras y empresas locales, condenadas a permanecer dentro de organizaciones de ámbito nacional en donde la voz cantante es propiedad de las grandes empresas del área central que son quienes terminan imponiendo las condiciones laborales y fijando buena parte del costo laboral.

Tres incógnitas abiertas

El funcionamiento real y cotidiano en Salta del sistema de relaciones laborales genera dudas y preguntas que los actores sociales no parecen estar formulándose:

La primera puede expresarse así: ¿Por qué los sindicatos locales federados y las cámaras salteñas no negocian convenios colectivos que promuevan el empleo local, aun estando legal y estatutariamente habilitados?[4]

La segunda tiene que ver con la empresa de capitales chinos BYD Industries que acaba de anunciar su intención de instalar una fábrica de automotores eléctricos. ¿Negociará (antes o después) un CCT? La iniciativa cuenta con un dato a favor: El Sindicato de Mecánicos del Transporte Automotor (SMATA), que presumiblemente representará a los futuros trabajadores, es partidario de celebrar Convenios Colectivos de Empresa. Por tanto, si bien la filial local del SMATA tendrá un rol secundario, al menos el emprendimiento no tropezará con imposiciones unitarias.

La última interroga acerca de la posibilidad de que determinados emprendimientos hidrocarburíferos en el norte salteño puedan acceder a las condiciones ventajosas (para las inversiones y el empleo) pactadas para Vaca Muerta. 

El sistema unitario perjudica al norte empobrecido

La vitalidad de este vetusto unitarismo laboral surge, como no, de las leyes aprobadas en los años de 1950 (ratificadas en 1988), y en la supervivencia del pacto no escrito entre el vértice sindical y las cúpulas empresariales que articulan los intereses del centro del país.  

Pero para explicar la sobrevida de aquellas reglas jurídicas, hay un dato probablemente mas importante: La convicción de una gran cantidad de trabajadores y sindicatos en el sentido de que la descentralización de la negociación colectiva y la federalización de los sindicatos debilitará al movimiento obrero.

En el dilatado espacio de la Argentina pampeana-industrial pueden existir razones ideológicas para esta certeza. Pero es difícil sostener que el actual esquema de sindicatos y de negociación colectiva haga fuertes a los trabajadores salteños y a sus organizaciones representativas.

Los indicadores de empleo privado registrado, de salarios y de condiciones de trabajo muestran precariedad, inequidades, discriminaciones territoriales. En realidad, es más cierto que el vigente modelo de negociación colectiva desalienta el empleo decente, fomenta el fraude laboral, y desertiza industrial y agroindustrialmente a Salta. 

Julio de 2017



[1] Alimentación (STIA-S), Industrias de la Carne (STIC-S), Avícolas, Tabaco (STT-S), Vitivinícolas (SOEV-S), Lechería (ATILRA), Curtiembres (SAMC), Asociación Bancaria (LB-S), Aguas Gaseosas (SUTIAGA-S), Textiles (AOT), Químicos (STIQ y P-S), Vidrio (SOIVA), Artes Gráficas (SAG-S), Petroleros Privados, Metalúrgicos (UOM), Caucho (SECA), Minería (AOMA), Seguridad (UPSRA), Transporte (UTA) y Gastronómicos (UTHGRA), Sindicatos del Azúcar (Tabacal y San Isidro).
[2] Estos CCT corresponden a la minería (Minera del Altiplano), al tabaco (Alliance One) y al azúcar (Tabacal).
[3] En uno de los pocos casos que un sindicato provincial suscribió un CCT lo hizo con la presencia tutelar de la federación. Los restantes casos, corresponden a sindicatos de empresa que actúan en el sector del azúcar.
[4] Una respuesta posible alude a la ultraactividad de los CCT nacionales; otra a la presión que la Federación ejercer sobre sus federados.

sábado, 8 de julio de 2017

Encuentro abierto de Abogados de la CTA-A en Salta


LOS OBSTÁCULOS EN LA NUEVA ETAPA DE LAS RELACIONES LABORALES. LIBERTAD SINDICAL Y CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA Y DE LA HUELGA. LA INJERENCIA DEL ESTADO.

Panel sobre La libertad sindical y su relación con las libertades públicas. El derecho a la “organización libre y democrática” y el derecho de huelga, su relación con  la criminalización de la huelga y la protesta social  Armando Caro Figueroa, David Duarte y  Nicolás Tauber. Coordina Vanina Zamora

Guion para la intervención de José Armando Caro Figueroa
1.      Agradecer la invitación. Precisar los límites de mi intervención (aspectos más sociológicos, históricos y propiamente sindicales, que jurídicos. Especial referencia a la situación de Salta).
2.      El derecho a la protesta como Derecho Fundamental (de trabajadores, desocupados, personas vulnerables, minorías, organizaciones cívicas)
3.      Libertad sindical y derecho de huelga
a.       Titularidad del derecho de huelga: Monopolio y pluralismo
b.      El ámbito de las huelgas (generales, sectoriales, de empresa, de oficio)
4.      Amenazas que se ciernen sobre la huelga y su efectividad
a.       En el mundo (la reconfiguración de los procesos productivos y del mapa económico mundial; el tele esquirolaje; la propaganda anti huelga; el papel de usuarios y consumidores)
b.      En la Argentina (la inflación, la radicalización del conflicto o la recurrente tentación de la “guerra absoluta”, injerencia gubernamental, autoritarismo patronal)
c.       En Salta (tradiciones autoritarias, impericia, politización de la justicia, trabajo en negro)
5.      La necesidad de tutelar jurídica, judicial y sindicalmente el derecho de huelga
a.       Garantías del derecho de huelga
b.      Control internacional de convencionalidad
c.       La Justicia
d.      El Poder Ejecutivo
e.       Los sindicatos (representatividad, prestigio, comunicación constitucionalidad, estrategias de tiempo, lugar y modo).
6.      El acceso a una justicia independiente y eficaz en Salta
Vaqueros (Salta), 23 de mayo de 2017.

jueves, 6 de julio de 2017

Acerca de la "industria del jucio laboral"


Por José Armando Caro Figueroa

Según el presidente Macri, uno de los principales factores que, en la Argentina, retrasan la creación de empleo es la elevada litigiosidad en el fuero del trabajo, fruto, a su vez, de la connivencia entre ciertos abogados y ciertos jueces.

Un argumento de extensión provinciana bastaría para mostrar su error: Si fuera cierto que la baja litigiosidad promueve el empleo y la productividad, Salta -que registra muy pocas demandas judiciales por accidentes o enfermedades del trabajo[1]-, sería una zona con pleno empleo y alta competitividad. Algo que la realidad cotidiana desmiente.

Me permito, entonces, afirmar que el diagnóstico presidencial ignora los profundos problemas que -en el ámbito de las relaciones laborales- paralizan a nuestra economía, promueven el desempleo, y alientan la baja productividad.

La apreciación presidencial contribuye, más allá de intenciones, a deslegitimar el Sistema de Riesgos del Trabajo[2], ignorando que en su diseño estructural están las bases tanto para promover la seguridad y la salud laboral como para crear relaciones equitativas entre los daños y su reparación.

Con el añadido de que los dichos del jefe del Estado extienden un peligroso manto de sospecha sobre amplios segmentos de la justicia del trabajo, y sirven a los intereses de quienes sueñan con trabajadores mansos, dotados de derechos nominales, pero sin instancias (judiciales ni de autotutela) que garanticen su vigencia efectiva[3].  

Un diagnóstico superficial y equivocado

Se impone, pues, corregir aquel diagnóstico. Para lo cual hará falta reconocer que el vigente y vetusto sistema argentino de relaciones del trabajo (incluyendo sus ajustes de inspiración kirchnerista y los recientes retoques impulsados por Cambiemos), traba el empleo y asfixia la producción. 

Es bueno recordar que, tras 18 meses de Gobierno Macri-, la economía y el empleo funcionan en lo sustancial siguiendo las rutinas del régimen anterior.

Tenemos, todavía, una economía industrial y de servicios que ha renunciado a ser competitiva en términos internacionales. Un mercado de trabajo que funciona con el 40% de empleo no-registrado, y con las condiciones de trabajo congeladas en los convenios colectivos pactados en 1975. Conservamos el modelo sindical monopólico que, además, gestiona sin control recursos equivalentes al 1,5% del PBI merced a las obras sociales.

Retoques y alternativas conservadoras

Las medidas impulsadas por el Gobierno Macri en materia de empleo y relaciones laborales son insustanciales y fragmentarias, carecen de un plan orientador, y se alejan de lo que se supone es un ideario republicano y constitucional.

En vez de haber procurado un acuerdo tripartito sobre metas y reformas[4], Macri impulsó unos pocos compromisos sectoriales en materia de competitividad (caso Vaca Muerta o industria del automóvil). Por encima del acierto de estos acuerdos, me permito dudar de que uno o varios sectores industriales reformados puedan funcionar satisfactoriamente en un entorno regulatorio, impositivo y laboral que se mueve bajo parámetros antagónicos.

En lo que se refiere a las instituciones y principios fundamentales, el Gobierno de Cambiemos se ha mostrado peligrosamente inconsecuente con la Constitución y los Tratados Internacionales: Adoptó medidas contrarias al derecho de huelga, omitiendo reconducir la normativa kirchnerista a los principios de la OIT[5]; paralizó la inscripción de nuevas organizaciones obreras surgidas al amparo de la Libertad Sindical[6]; interfirió en la negociación colectiva (por ejemplo, en el sector bancario); cuestionó el derecho de trabajadores y sindicatos a la tutela judicial efectiva.

En el terreno de las condiciones de trabajo, optó por tolerar el trabajo no-registrado como uno de los ejes del penoso modelo productivo argentino; prefirió denunciar la litigiosidad, sin mostrar interés alguno en la prevención y el control en materia de riesgos del trabajo; habló de la necesidad de que las partes renueven los convenios colectivos vigentes desde 1975, sin dar los pasos promocionales necesarios.

Las ideas que circulan en materia de política laboral

Las alternativas reformistas que circulan entre empleadores, sindicalistas y expertos son también reiteración de recetas confrontativas del pasado: Mantener aislada a la Argentina o devaluar nuestra moneda. Ratificar el no escrito y añejo pacto sindical-industrial, o avanzar contra todas las formas de acción sindical[7]. Conservar la segmentación entre trabajadores registrados y no-registrados, o instaurar el despido libre y rebajar las cargas sociales hasta desfinanciar la Seguridad Social. Alentar las subas salariales para que funcione el mercado interno, o congelar los salarios. Acotar la negociación colectiva a la carrera inflacionaria, o abrir la negociación de todas las condiciones de trabajo.

En su tácita decisión de administrar la herencia kirchnerista e introducir breves retoques, el gobierno de Cambiemos parece guiado por el ideario de la patronal argentina que, como sabemos, incluye la conservación de las prerrogativas de los sindicatos oficiales contrarias al derecho fundamental a la Libertad Sindical y al principio federal.

Sucede, sin embargo, que el ideario de la patronal más representativa es inviable. Tanto desde el punto de vista político como desde una óptica atenta al bienestar social. Es sencillamente absurdo pensar que la competitividad de la Argentina haya de alcanzarse devaluando nuestra moneda o instaurando el despido libre, cancelando las protestas y el derecho de huelga, manteniendo el trabajo en negro y el ejército de excluidos como variables de ajuste, sometiendo la negociación colectiva a cepos que frenan o a incentivos que sirven a los propósitos de la Argentina autárquica y, por ende, pobre y estancada.

¿Es posible construir y consensuar un programa reformista?

Pienso que además de posible, tal programa consensuado resulta imprescindible para superar la larga crisis económica y cerrar los caminos a través de los cuales pretende regresar el peor populismo del que tengamos memoria.

No obstante, será preciso aclarar dos cuestiones previas:

En primer lugar, definir si el anhelado programa reformista ha de inscribirse dentro de la Constitución Nacional y de los Tratados vigentes (el llamado bloque constitucional, federal y cosmopolita) en materia de derechos sociales fundamentales, o se intentará dentro de la nebulosa antirrepublicana en la que malvivimos desde hace años.

En segundo lugar, establecer si la Argentina y sus actores representativos se proponen construir una economía internacionalmente competitiva y socialmente justa, o prefieren seguir experimentando con esta autarquía que nos empobrece material y culturalmente.

Vaqueros (Salta), 19 de junio de 2017.



[1] Entre 2010 y 2015 en los tribunales de Salta ingresaron menos de 100 causas por año.
[2] Este Sistema nació en 1995, siendo yo Ministro de Trabajo en el Gobierno del Presidente Menem y tras un pacto entre el Gobierno, la CGT y el Grupo de los 8. Los lineamientos del pacto inspiraron la Ley 24.557/95 (Véase GIORDANO, O. y TORRES, A. “Riesgos del Trabajo”, Editorial Fundación del Trabajo, Buenos Aires – 1966). Esta Ley recibió fuertes cuestionamientos de las asociaciones de abogados laboralistas que obtuvieron sentencias de la CSJN declarando inconstitucionales algunos de los ejes del nuevo Sistema. Más adelante y tras un inicial rechazo al SRT, el Gobierno de Cristina Kirchner cedió a las presiones de la patronal y modificó parcialmente la Ley de 1995, a través de la Ley 26.733/12. Recientemente, el Gobierno Macri impulsó otra reforma que fue aprobada mediante Ley 27.348/17, tras un pacto con empresas y la CGT. Todo parece indicar que, luego de estas dos sucesivas modificaciones, el Sistema de Riesgos de Trabajo ha recuperado buena parte de sus atributos para continuar reduciendo la siniestralidad y para brindar, de aquí en más, adecuada y oportuna reparación a los daños.    
[3] Al hacerse cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión PERÓN dijo que la revolución, más que en sancionar nuevas leyes, consistía en hacer cumplir las vigentes. De modo que la eficacia de las leyes es una legítima aspiración de los trabajadores, y una seña de identidad de toda democracia constitucional.
[4] Loa acuerdos entre la CGT y el Gobierno Macri se ciñeron a atender las demandas de los sindicatos oficiales relacionados con los fondos de las obras sociales. Entre bambalinas, el Gobierno de Cambiemos efectúa concesiones a estos sindicatos, sin asegurarse compromisos de paz social, ni obtener concesiones en materia de reformas estructurales.
[5] Véase el Tomo II de mi “Tratado sobre la Huelga y el Derecho de Huelga”, en la obra dirigida por Raúl ALTAMIRA GIGENA, Editorial LA LEY, Buenos Aires – 2015. En este asunto vital, el Gobierno Macri (también varios gobiernos provinciales) oscila entre la impericia y la negligencia. Así, por ejemplo: Debió poner en marcha la Comisión de Garantías garantizando su independencia y no lo hizo. Debió reformar su Reglamento, y no lo hizo. Debió reconfigurar el catálogo de servicios esenciales y servicios de inaplazable necesidad en línea con los criterios de la OIT, y no lo hizo. Debió reforzar el procedimiento de conciliación obligatoria, y no lo hizo.
[6] En sintonía con esta visión, la CSJN impulsó recientemente interpretaciones restrictivas a los Tratados sobre libertad sindical. Casos “Orellano” (que analizo en un artículo publicado en la Revista Derecho del Trabajo, Editorial La Ley, de 7 de julio de 2016), y “Sindicato Policial de Buenos Aires” de 11 de abril de 2017 (que analizo en el último numero de la misma Revista).
[7] Sobre todo, contra las protagonizada por la izquierda o por los delegados de fábrica o seccionales territoriales que se rebelan frente a sus vértices.

EL ARBITRAJE COMO OPORTUNIDAD

José Armando Caro Figueroa

Director de “Caro Figueroa – Abogados”

Hay en Salta notorias dificultades para procesar y resolver los innumerables conflictos que surgen entre personas u organizaciones. Se trata de dificultades que se derivan tanto de factores culturales, como de aspectos institucionales.

El primero de estos obstáculos tiene que ver con el hecho de que muchos salteños ven en cualquier concesión una deshonra; prefieren, contrariando el conocido apotegma, un mal juicio a un buen arreglo.

La segunda dificultad, enlaza con el diseño y el funcionamiento de los entes estatales pensados para tramitar los conflictos comerciales, civiles, ambientales, laborales, administrativos, vecinales o familiares.

En realidad, cada vez que surge uno de estos conflictos, sus actores se ven compelidos a acudir a los órganos del Poder Judicial y, por ende, a sufrir sus demoras, sus intríngulis y sus costos.

En muchas oportunidades la particular situación de la justicia provincial termina funcionando -en unos casos- como una infranqueable barrera que disuade a quienes son portadores de derechos negados; en otros, aconseja las vías de hecho, la violencia o la venganza. No es un secreto para nadie que son las personas de escasos recursos quienes con mayor frecuencia y daño tropiezan con este muro invisible.   

El diseño de las instituciones del Estado previstas para tramitar querellas y conflictos, además de vetusto, presenta enormes lagunas; me refiero a la exclusión o insuficiencia de los mecanismos de prevención y de los procedimientos no jurisdiccionales de solución de conflictos.

En Salta no contamos con agencias o servicios suficientes y eficaces pensados como alternativas a la judicialización o a las vías de hecho. Dicho de otro modo, carecemos de instancias especializadas y suficientes para albergar la creciente diversificación de nuestros conflictos cotidianos.

Si dejamos de lado los servicios que brinda la Cámara de Comercio de Salta, el ensayo de la Ley Mediación (7.324/2004), y la conciliación en las relaciones de consumo (Ley 7.402/2006), muchas facetas de la vida civil, familiar o del trabajo continúan prisioneras de códigos y rutinas anacrónicas que, suelen contraponerse con los principios de la democracia constitucional y con las exigencias de la modernidad.

Lo ha puesto de manifiesto recientemente el calificado catedrático Alvarado Velloso quién, al referirse a nuestro Código Procesal Civil ha dicho, ante la perplejidad e inacción del mundo jurídico local: “Yo lo quemaría, porque es un Código que tiene tendencias autoritarias, nazi, fascistas y soviéticas”.

La conflictividad del trabajo

Por razones que habría que analizar sin dogmas, Salta no adhirió al Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO) de la Ley 24.635/1996, que funciona razonablemente bien en el área de la ciudad autónoma de Buenos Aires.

En consecuencia, los conflictos individuales del trabajo sólo disponen de un servicio administrativo y de la vía judicial, generalmente lenta y muy poco utilizada a raíz de la creciente informalidad del empleo local.

Por otra parte, y como se pone de manifiesto ante protestas colectivas y huelgas, la Provincia no cuenta con un cuerpo de especialistas en condiciones de encauzar los conflictos colectivos, lo que termina encrespándolos y poniéndoles en situaciones que los asemejan a la “guerra absoluta”.

El arbitraje voluntario

Estoy convencido, tras largos años de ejercicio profesional, de que buena parte de los conflictos que surgen en el área de las relaciones civiles y comerciales y que hoy recalan en los estrados judiciales, podrían resolverse de forma más rápida, económica, justa y eficiente, si las partes y sus letrados encontraran servicios de arbitraje voluntario y se comprometieran con su espíritu y sus principios.

Sobre todo, a partir de la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación que reguló el contrato de arbitraje, dándole solidez y autonomía.

Si bien es verdad que no hay en Salta una experiencia suficiente en materia de arbitraje -pese a que el Colegio de Abogados intentó promoverlo y reglamentarlo (Asamblea de 12 de marzo de 1992), y que está regulado en nuestro criticado Código Procesal Civil y Comercial de 1978-, una actuación promocional convergente de abogados, legisladores y universidades abriría caminos a una herramienta de probada eficacia en otras latitudes.

Para avanzar en esta dirección, expedita desde el punto de vista jurídico, conviene tener presente que Salta cuenta con una apreciable cantidad de expertos en derecho y otras ciencias sociales, así como con magistrados jubilados de probada experiencia y reconocida probidad que bien podrían integrar una suerte de Colegio Arbitral que organice el servicio y defina su propio código de ética y sus aranceles.

Ni bien seamos capaces de estos avances, miles de juicios derivados de contratos civiles o mercantiles, de derechos sucesorios, de conflictos sobre ambiente, propiedad, alquileres, o de querellas vecinales o entre socios abandonaran los pasillos de la Ciudad Judicial con notorias ganancias en materia de rapidez, equidad y costos.   

Vaqueros, 26 de junio de 2017.


domingo, 12 de marzo de 2017

El peronismo y sus herederos (versión completa)


Asistimos a un largo, oscuro y absurdo debate, iniciado hace más de 40 años, y que aún permanece abierto alrededor de esta pregunta: ¿Quién hereda a Juan Domingo Perón y su capital político?

Es bueno recordar que este debate fue abierto por Mario Eduardo Firmenich (comandante en jefe de “Montoneros”) quién, tras una de sus últimas visitas a Puerta de Hierro en Madrid, trazó estrategias militares para suceder a Perón, y soñó con “apropiarse” del pueblo peronista[1].

Había existido antes –a mediados de los años de 1960- un intento de suceder en vida al mítico General, protagonizado, entonces, por el líder sindical metalúrgico Augusto Timoteo Vandor bajo el rótulo de neoperonismo[2].

Consciente de su finitud y de las apetencias que despertaba su legado, Perón sentenció: “Mi único heredero es el pueblo”.  Y procuró dejar ideas que orientaran a sus millones de herederos, en sendos documentos caído en el olvido cuando no manipulados: “Actualización Política y Doctrinaria para la Toma del Poder[3] (1971), y “Modelo Argentino para el Proyecto Nacional[4] (1974).

El panorama después del terror

Llegada la fatídica hora, el General falleció sin que ninguna de las organizaciones armadas (para-estatales, estatales y mixtas) que se disputaban la herencia a fuerza de balas, explosivos y vejaciones lograra su propósito.

El peronismo estalló en pedazos, dando lugar a una nueva disputa legitimista: Cada fracción reclamaba y reclama para sí la pureza doctrinaria, y negaba y niega furiosamente el pan y la sal a las demás corrientes. La determinación de cual sea el “verdadero peronismo” -pasado o por llegar- es un intríngulis que sigue apasionando a ciertas personalidades del envejecido mundo peronista.

Por supuesto, las luchas por el control del aparato del Movimiento y de las instituciones del Estado fueron (y siguen siendo) un factor de unidad que posterga querellas intestinas. El peronismo lleva inscripto en sus genes poderosas tendencias unificadoras que se manifiestan cuando una de las fracciones ejerce el poder y cancela disidencias, y también cuando se trata de actuar en la oposición buscando reconquistarlo.

En los últimos 30 años estas unificaciones “oportunistas” se dieron alrededor de dos experiencias de gobierno ciertamente antagónicas desde el punto de vista programático:

Durante la Presidencia de Carlos Menem, el peronismo intentó reformas de mercado, ensayó sumarse al proceso de globalización, y propició un cierre del conflicto terrorista de los años 70.

El turno iniciado en 2002 por Duhalde y coronado por el matrimonio Kirchner representó un giro de 180 grados, que se llevó a cabo sin abjurar (abiertamente al menos) del rótulo peronista, siendo fácil encontrar lazos entre el kirchnerismo peronista y el peronismo histórico.

En esta suerte de comedia de enredos el movimiento fundado por Perón fue abandonando su ideario esencial, hasta quedar convertido en una cáscara vacía capaz de conservar mayorías electorales que daban entrada a experimentos programáticos alejados de aquellas “esencias” contenidas, por ejemplo, en el documento sobre la “Comunidad Organizada”, en la Constitución de 1949, o en las “20 Verdades[5].

Muertos el líder y la generación fundacional que le acompañó, el peronismo que les sucedió fue incapaz de remozar su ideario y de construir una propuesta programática que, conectando con aquellas “esencias”, diera respuestas sólidas y eficaces a los nuevos problemas mundiales, nacionales y locales[6].

Muchos de los integrantes del “horizonte directivo” cayeron en los personalismos, se rindieron ante los materialismos, sucumbieron al escepticismo, y se empobrecieron intelectualmente al circunscribir sus reflexiones al respetable legado de Jauretche, Hernández Arregui, o John William Cooke[7], por poner hitos significativos del amplio espectro ideológico que albergó el peronismo.

Esta deserción de la intelectualidad peronista y su incapacidad de recrear el ideario de forma de colocarlo en condiciones de hacer realidad las tres banderas en el espacio de la moderna democracia constitucional, permitieron que aquella cáscara –intencional y convenientemente vaciada- cayera en manos de una poderosa coalición de intereses sectoriales.

Fue esta coalición silenciosa y solapada la que se adueñó de las siglas, de las ceremonias y de la liturgia peronista tradicional, poniéndolas al servicio de sus ideas egoístas, sectarias y excluyentes.

Los dueños del peronismo

A mi modo de ver, aquella coalición está encabezada por los más lúcidos propietarios de las grandes y medianas industrias radicadas alrededor del puerto de Buenos Aires, y que sólo pueden subsistir en un mercado cautivo, en donde –en virtud de reglas fijadas por el Estado- les está permitido enriquecerse a costa del interés general y de los intereses de consumidores y usuarios.

Los capitanes de estas industrias tuvieron el acierto de celebrar dos pactos no escritos: Uno, con la mayoría de los dirigentes sindicales que perduran en el poder merced a las ventajas institucionales que se derivan del inconstitucional monopolio que destrozó la libertad sindical. El otro, con un sector de los intelectuales peronistas a quienes albergaron en tiempos de la última dictadura militar y que actúan hoy en sintonía con el lema “Sin industria no hay Nación”.

Este industrialismo prebendario contemporáneo deformó y manipuló las ideas del primer peronismo[8] que, condicionado por la posguerra, prohijó la sustitución de importaciones y diseñó medidas coyunturales para defender la incipiente industria nacional, sin omitir actuaciones que apoyaron la expansión exportadora de estas industrias. Pero, después de más de 70 años, de protecciones, ayudas y diseños unitarios los capitanes de la industria han sido incapaces de dar nacimiento a empresas y sectores en condiciones de competir con el mundo, de innovar, de invertir y de crear buenos y suficientes empleos.

Estos nuevos dueños del peronismo promovieron o toleraron, hacia comienzos del presente siglo, los nuevos pactos que el kirchnerismo celebró con nuevos protagonistas: los líderes de los sectores de la logística y de la banca.

Es bueno señalar aquí, desde Salta, que este diseño unitario sirvió y sirve para asfixiar a las economías regionales cerrándoles toda posibilidad de desarrollo. Impuestos, tipos de cambio, convenios colectivos salariales, inflación, inversión en infraestructura, reglas de comercio exterior o, lo que es lo mismo, todas las herramientas de política económica con las que cuenta el Estado argentino han sido puestas al servicio de tan exitosa coalición que segrega al interior secularmente empobrecido y a sus habitantes.

Cabe añadir que en esta misma dirección actuó y actúa el nacionalismo estatista y unitario que defienden amplios sectores del peronismo. Sus posiciones, a lo largo de la historia argentina de los últimos setenta años, respecto de la propiedad de los hidrocarburos es un buen ejemplo de una compacta serie de posiciones contrarias al federalismo y, por tanto, a los intereses generales de las provincias en donde radican este y otros recursos naturales.   

En un segundo círculo actúan los así llamados barones del cono-urbano bonaerense en condiciones de controlar el aparato electoral peronista y, en la generalidad de los casos, decidir la suerte de casi todos los argentinos.

Hay un tercer anillo y es el conformado por los Gobernadores de extracción peronista (por llamarlos de alguna manera, pese a que figuran en este selecto espacio personas que no soportarían ningún test que tenga en cuenta sus trayectorias en relación con las tan mentadas “esencias”) que, al menos en las provincias del norte argentino han devenido auténticos señores feudales que usan y manipulan la “herencia peronista” en beneficio personal y en función de sus ambiciones electorales.

Conviene señalar que, hacia el año 2001, esta coalición sumó el apoyo de sectores del radicalismo bonaerense, de la diplomacia y de la iglesia católica[9], en su triunfante empeño por derrocar al Presidente Fernando de la Rúa.

Para completar este panorama, ciertamente muy personal, tendría que añadir al arrinconado peronismo histórico en sus versiones organicista, republicana y euro-peronista. Se trata, empero y lamentablemente, de expresiones sin fuerza suficiente para liderar un imaginario proceso de regeneración y remozamiento del viejo peronismo.

Más allá de los debates históricos, los pasos y contrapasos de esta ingeniosa alianza deberían preocuparnos; en primer lugar, por su capacidad para condicionar y enfrentar al actual gobierno de la Nación y, en segundo lugar, por los daños que sus éxitos acarrean a los productores y trabajadores salteños y del norte argentino.      



 (Este artículo fue publicado en "El Tribuno" de Salta, "INFOBAE" y "Contexto").







[1] Sobre este punto, GRABOIS, Roberto, “Memorias de Roberto ‘Pajarito’ Grabois”, Editorial CORREGIDOR, Buenos Aires – 2014, páginas 436 y siguientes.
[2] Es muy probable que la querella así abierta estuviera en la raíz de su vil asesinato en 1969.
[3] En este documento Perón, embarcado en su enfrentamiento contra la dictadura militar, tras repasar las ideas generales acerca del peronismo, su historia y su doctrina, avanza en una estrategia que no descartaba la lucha armada y otras formas de violencia. De una u otra forma, este documento contiene elementos que contribuyeron a desencadenar la tragedia setentista.
[4] Aquí, Perón exterioriza giros importantes respecto del documento anterior: Advierte y asume los cambios ocurridos en el mundo, se esfuerza por actualizar sus ideas, anima a los argentinos (no sólo a los peronistas) a abrir la mente y, sobre todo, se desmarca de la violencia.
[5] Cualquier intento de extraer de estos documentos los elementos esenciales y, por tanto, con pretensiones de vigencia actual, exigiría revisar contenidos y excluir algunos postulados por anacrónicos o contrarios a la lógica republicana y democrática. Incluso el propio Perón alteró una de las “20 Verdades” para proclamar que “para un argentino no debe haber nada mejor que otro argentino”, dejando atrás el apotegma sectario “Para un peronista no hay nada mejor que otro peronista”.
[6] El último intento de reconstrucción intelectual fue, a mi modo de ver, el protagonizado por los peronistas agrupados en la Organización Única para el Trasvasamiento Generacional, cuyos aportes están recogidos en la Revista Hechos e Ideas – Segunda Época (años de 1970).
[7] Autores esto que frecuenté en mi juventud y a los que sigo valorando por su trayectoria y sus aportes al pensamiento político argentino, pero sin desconocer los nuevos aportes de pensadores como Norberto BOBBIO, Z. BAUMAN, Luigi FERRAJOLI, Edgar MORIN, S. TODOROV, Slavoj ZIZEK, que han hecho significativos avances en el terreno de la teoría social. Me resulta sencillamente absurdo pensar que el pensamiento político, económico y social se detuvo en la Argentina de 1945/1955.
[8] Véase BELINI, Claudio “La industria peronista”, Editorial EDHASA, Buenos Aires – 2009. Este autor señala que “contrariamente a lo que se piensa, la política industrial peronista (se refiere al “primer peronismo”) no puede definirse como autarquizante”.
[9] Habría que analizar con más detalle el papel cumplido por la “Mesa del Diálogo Argentino” y sus acciones colaterales.